¿No están las condiciones?

Estudiantes en su primer día de regreso a clases el lunes 10 de agosto, en un colegio en la provincia de San Juan, Argentina.

...por extraño que parezca, los actores relevantes no han logrado convencerse de algo evidente: que el bienestar de los niños exige que estos vuelvan a interactuar, presencialmente, con sus profesores y compañeros de curso.



“Todos queremos volver a clases”, señaló Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, ante las desafortunadas declaraciones del Ministro de Economía. El problema de fondo, a juicio del dirigente, es que no están dadas las condiciones sanitarias para un retorno seguro. ¿Qué tan creíbles son las palabras del dirigente gremial?

Para algunos analistas, el Colegio de Profesores estaría concentrado principalmente en promover sus intereses particulares, entre los cuales no figuraría como prioridad el retorno a clases. Esta explicación es muy plausible: mal que mal los grupos de interés son tan viejos como la política misma, y la facilidad con la que muchas veces logran beneficiarse a costa del bien de la comunidad fue lúcidamente explicada por Mancur Olson a mediados de los años sesenta. Sin embargo, lo anterior no da cuenta, por si solo, del actuar del gremio de profesores.

Otro modo de entender la falta de un acuerdo transversal sobre el retorno a clases sugiere que, por extraño que parezca, los actores relevantes no han logrado convencerse de algo evidente: que el bienestar de los niños exige que estos vuelvan a interactuar, presencialmente, con sus profesores y compañeros de curso. Diversos especialistas han explicado hasta el cansancio que los daños que acarrea el cierre total o parcial de los colegios son altísimos: aumento de las brechas socioeconómicas (tanto para las generaciones actuales como para las futuras), potenciales efectos de largo plazo en la salud mental de los niños, aumento de las dinámicas de violencia intrafamiliar, etc.

¿Es cierto que los actores relevantes no escuchan estos argumentos? Si concedemos por un momento que las declaraciones de Carlos Díaz son sinceras, todo parece indicar que el dirigente gremial sí está convencido de la urgencia de volver a clases. ¿Qué más justificaría aceptar dichos daños colaterales sino una errada concepción de los riesgos involucrados? En declaraciones publicadas en este mismo medio, el presidente del Colegio de Profesores ha señalado que para un retorno seguro deben estar garantizadas las condiciones para que no existan niveles de contagio superiores a los que existen para el resto de la población, lo cual solo podría alcanzarse cuando esté bastante avanzado el proceso de vacunación. Ahora bien, la evidencia internacional sugiere que, aun sin la vacuna, los riesgos involucrados son muchos menores de los que aduce el dirigente gremial.

Primero, sabemos que el riesgo de contagio en niños es significativamente menor que en adultos. Los primeros no solo tienen menos probabilidades de contraer el virus, sino que también es menos probable que, en caso de contagiarse, requieran hospitalización. En efecto, entre quienes están expuestos al COVID-19, las personas de 70 años tienen aproximadamente el doble de mortalidad que las de 60, 10 veces la mortalidad de las de 50, 40 veces la de las de 40, 100 veces la de las de 30, 300 veces superior a la de los 20 y una mortalidad más de 3000 veces superior a la de los niños.

¿Qué hay del riesgo de contagio de los adultos mayores que viven con niños en edad escolar? Esta preocupación es más que atendible, pero la pregunta relevante desde el punto de vista del retorno a clases no es si los niños ponen en riesgo a sus abuelos; claro que lo hacen. Lo relevante es si el hecho de que los niños asistan al colegio aumenta el riesgo que ya corren los adultos mayores, la gran mayoría de los cuales convive con adultos laboralmente activos (y, por ende, expuestos al virus). La evidencia internacional siguiere que dicho riesgo adicional es prácticamente nulo.

Lo anterior no implica negar que un retorno a clases acarrea riesgos. Pero debemos comparar dichos riesgos con aquellos que enfrentan la gran mayoría de los chilenos, no con un escenario ideal de seguridad absoluta. Este es el desafío más difícil y se deben encontrar soluciones específicas para cada familia. Desafortunadamente, los mensajes de salud pública sobre el COVID-19 en todo el mundo han creado muchas percepciones erróneas que han extendido el miedo y la desesperación. Una estrategia de comunicación de riesgos más robusta y mejor documentada, podría ayudarnos a destrabar la negociación sobre el retorno a clases. Solo una errada compresión de los riesgos asociados a la apertura de los colegios puede justificar seguir postergando la educación escolar. Aun estamos a tiempo de enmendar el rumbo; se lo debemos en justicia a todos los niños de Chile.

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