No nos disparemos en los pies

A student takes classes online with his companions using the Zoom APP at home during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in El Masnou, north of Barcelona, Spain April 2, 2020. REUTERS/ Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY



La primera preocupación desde la educación, ante la emergencia sanitaria que vivimos, deben ser los estudiantes. En ello se deben reconocer los esfuerzos que han hecho el gobierno y las propias instituciones de educación superior (IES) al dar las facilidades para seguir con los estudios, virtualizando sus programas, capacitando a sus profesores y entregando recursos de conectividad, entre otras. Sin duda, en determinadas carreras y áreas –las prácticas-, las dificultades son mayores, así como también para algunos estudiantes. Son estas las barreras que se deben ir superando para los próximos meses, mejorar los mecanismos de comunicación y en especial de quienes no cuentan con el acceso adecuado. 

Por otro lado, ante las dificultades económicas también es necesario tomar medidas. Las instituciones han avanzado en flexibilizar los sistemas de pagos y becas, entre otras. Así han podido dar solución a aquellos estudiantes que se han visto más afectados y se ha buscado prevenir situaciones futuras. Sin embargo, desde grupos estudiantiles y parlamentarios se ha planteado la necesidad de disminuir o cancelar los aranceles durante este tiempo. Si bien la preocupación por las dificultades económicas que tendrán los estudiantes es compartida, la regulación de los aranceles que se propone, puede afectar fuertemente la situación financiera de las instituciones. La preocupación por la educación debe estar puesta en la misma medida que en nuestro sistema. La solución para unos no puede significar un detrimento para la otra, ya que hacerlo así sería una incongruencia.

Los aranceles para la mayoría de los establecimientos representan la mayor fuente de sus ingresos. Especialmente para el caso de las instituciones privadas -universidades (89%), institutos profesionales (87%) y centros de formación técnica (85%)-, quienes no cuentan con aportes por parte del estado. A ello se suma que más del 50% del gasto es en remuneraciones. Es claro el perjuicio que les implicaría una rebaja de los aranceles en los términos que se plantean. Considerando, además que las IES deben seguir entregando enseñanza a los estudiantes -lo que en muchos casos ha significado incurrir en nuevos gastos-, y el trabajo y servicios que además prestan en estos tiempos, poniendo a disposición sus equipos médicos, laboratorios, especialistas, entre otros, es relevante cuidar su sostenibilidad. 

Por supuesto que es necesario velar por las condiciones de la educación remota y en ello la Superintendencia de Educación Superior deberá hacerse cargo. Así también se deben buscar soluciones para los problemas económicos, pero imponer de manera generalizada una rebaja de los aranceles es dispararnos en los pies, especialmente cuando la situación de los planteles y estudiantes en nuestro sistema es tan disímil.

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