No postergar el plebiscito: una buena señal

Esta semana, el Congreso dio pasos importantes para la realización del plebiscito nacional convocado para el 25 de octubre, donde la ciudadanía definirá si desea una nueva Constitución y a través de qué mecanismo. De esta manera, se otorgaron facultades al Servicio Electoral para asegurar un plebiscito seguro en medio de la pandemia del coronavirus.

La ratificación de la voluntad de todos los actores políticos, incluyendo el gobierno, en el sentido de prepararse para hacer el plebiscito en la fecha acordada, es una señal positiva. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que acordaron los partidos políticos el 15 de noviembre pasado lo contempla como eje central, y por ello resulta fundamental no postergarlo otra vez.

En esto, las condiciones sanitarias son importantes, pero no deben ser excusa para no realizarlo, excepto que el curso de la enfermedad presente para entonces niveles que puedan poner en grave riesgo la salud de la población. La nueva realidad que vivimos obliga a tomar todas las precauciones necesarias, pero en ningún caso caer en la inamovilidad, sea que se trate del plebiscito u otras materias.

Es indudable que el referéndum, en estas circunstancias, plantea muchos desafíos, uno de los cuales es buscar todos los mecanismos posibles para asegurar una amplia participación ciudadana. Nuevamente, esto no debe implicar la postergación de la consulta; significa hacer todos los esfuerzos para que las personas, especialmente los mayores, sientan que están frente a un evento seguro.

En esto sería importante discutir para el futuro en qué medida los mecanismos de votación debieran modernizarse en Chile, permitiendo el uso de la tecnología. El mundo ha cambiado y todas las actividades -laborales, comerciales, educativas, judiciales- han utilizado formas no presenciales para realizar su labor, mientras en el ámbito electoral hoy se discuten cosas tan pequeñas como si las personas serán autorizadas para usar su propio lápiz para marcar el voto.

Pero más allá de la forma, hay un asunto relevante que también se debe abordar. Hasta la fecha, la ciudadanía está convocada a decidir un cambio constitucional, pero sin tener mucha información acerca de lo que ello significa. Hoy, la clase política parece estar más ocupada en llamar al “apruebo” o “rechazo”, que al tema de fondo, esto es, cuál es el proyecto de Constitución que se quiere para Chile, considerando que en ambas alternativas se contempla reformar el actual texto, ya sea a partir de una hoja en blanco o bien mediante cambios específicos. De esto se habla poco o nada.

Avanzar en estas materias es fundamental para que las personas voten sabiendo los alcances de lo que significa un cambio constitucional, más aún cuando se ha puesto en ello la clave para superar la crisis política y social que vive el país. Al respecto, diversos expertos en la materia han advertido que se ha generado un nivel de expectativas que sobrepasa por lejos las materias que aborda y debe abordar una Constitución, lo que podría generar todo tipo de frustraciones posteriores.

Con todo, la Constitución sí regula aspectos fundamentales para la vida de las personas, como lo son el régimen político, los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley o la independencia de ciertos organismos clave, entre otros. Cuánto de todo ello y en qué profundidad será reformado son dudas legítimas, y éstas se resuelven de una sola manera: que los actores relevantes presenten sus proyectos constitucionales. Que se active el debate acerca de qué se quiere cambiar y cuáles son los alcances de dichos cambios.

En suma, no solo es fundamental que la ciudadanía pueda acudir al plebiscito en forma segura; también lo es que se vaya informando de lo que significa un cambio constitucional y con alguna noción de lo que los distintos actores entienden por nueva Constitución.