Opinión

Nominación de expresidenta en Alto Comisionado de la ONU


Este viernes, la Asamblea General de la ONU ratificó a la expresidenta Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos. El nombramiento prestigia al país y es, probablemente, el más alto cargo que ha ocupado un ciudadano chileno a nivel internacional. Las competencias de la expresidenta para desempeñarse en un cargo de esta trascendencia son conocidas, ya que previamente dirigió exitosamente ONU Mujer y su nombre ha surgido varias veces para ocupar la Secretaría General del organismo.
Los desafíos que enfrentará la exmandataria en su nueva posición en Ginebra están lejos de ser sencillos, y le exigirán poner a disposición del cargo todas sus cualidades políticas. Su antecesor, Zeid Ra’ad Al Hussein, cultivó un estilo directo y fue muy crítico de diversos gobiernos -entre ellos, Estados Unidos, China y Rusia-, lo que ha abierto un debate sobre el rol que debe jugar el Alto Comisionado hacia el futuro y cuáles son los énfasis que deben marcar su gestión. Mientras varios países apuestan por un rol de moderación y consenso, otros, como Estados Unidos, han decidido renunciar a dicho organismo.
Como alta comisionada, la exmandataria deberá abocarse a problemas urgentes y especialmente complejos, considerando que los DD.HH. están bajo amenaza en distintas partes del mundo. Por de pronto, tendrá que lidiar con las acusaciones de genocidio que pesan sobre el régimen de Myanmar por crímenes en contra de la etnia rohingya; la crisis de inmigrantes en Europa, y la dramática situación que se vive en Nicaragua, con cientos de muertos, o la flagrante violación a los DD.HH. en Venezuela. Se espera que tanto en estos, como otros casos de difícil consenso, despliegue todo su potencial político, el mismo que la llevó a convertirse dos veces en Presidenta de la República.
Al margen de sus altas responsabilidades internacionales, un aspecto que será seguido con especial interés será su relación con nuestro país. Allí deberá desplegar un delicado equilibrio de modo que las recomendaciones que el Alto Comisionado formule respecto de Chile, no se lean como intentos por influir en la política interna dado su innegable ascendiente sobre la actual oposición. Ciertamente habrá sectores interesados en presionar a la expresidenta para que se pronuncie en casos sensibles, como La Araucanía y la aplicación de la ley antiterrorista, ámbitos donde la ONU ha mostrado un indisimulado intervencionismo, lo que debería ser corregido.

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