Juan Enrique Vargas

Juan Enrique Vargas

Profesor Universidad Diego Portales

Opinión

Notarios

Una de las notarías que se encuentra en Santiago.

El informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica sobre los notarios ha vuelto a traer a colación la necesidad de introducir reformas en esta actividad. El documento contrasta dos modelos posibles para su organización. Por una parte se encuentra el anglosajón, en donde el notario es un sujeto privado que se limita a “certificar firmas y hechos”, estando la función abierta a cualquiera que la quiera desempeñar. Todo lo contrario sucede en el modelo latino, al que adscribiría Chile, en el cual el notario “asume una función más amplia, asesorando a las partes e incluso redactando documentos”, por lo que solo puede ser ejercida por abogados y requiere de un nombramiento estatal y de una detallada regulación.

El informe propone que nos movamos hacia un sistema de tipo anglosajón, pero solo en las actuaciones que denomina “mecánicas”, como la certificación de fotocopias, para las cuales sugiere un sistema de libre entrada, no circunscrito a abogados. Se mantendría así el sistema actual para todas las otras actuaciones. Sin embargo, hay buenas razones para sostener que en Chile tenemos el modelo del notariado latino solo en cuanto a su regulación, mas no en el servicio que presta.

Cualquiera que haya tenido experiencia con el sistema, incluso en las actuaciones más complejas, estará de acuerdo en que los notarios por lo general no realizan una labor de asesoría a las partes y menos redactan los documentos. Esa labor recae en los abogados que las mismas partes se proveen o, cuando más, en la notaría les facilitan y rellenan un contrato tipo. Rara vez se producen interacciones entre los comparecientes y el notario, quienes en la mayoría de los casos no llegan a conocerlo, pues son atendidos por un funcionario, no necesariamente abogado.

Es esa la mayor crítica que puede hacérsele al sistema de notariado chileno, pues serían bastante más soportables las largas esperas e incluso los elevados costos, si los ciudadanos vislumbraran una clara utilidad, un valor agregado, en la intervención del notario. En cambio, lo que se percibe no es más que a una persona que cobra por poner su firma.

El servicio que sí prestan nuestros notarios, otorgar fe pública, igualmente lo ofrecen los del sistema anglosajón, aunque en forma mucho más asequible y barata. A ello hay que agregar que este importante bien hoy en día es más simple de obtener de la mano de avances tecnológicos ampliamente difundidos, como la firma electrónica y el reconocimiento de huellas dactilares.

Por último, servicios adicionales que hoy brindan, como comisiones de confianza y retenciones de impuestos, no habría tampoco problema para que pudieran ser proveídos a través de un sistema desregulado.

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