Nueva Constitución: más Estado, sin contrapeso.



Por José Antonio Valenzuela y José Manuel Astorga, equipo constitucional de Horizontal

Nadie esperaba que la Convención Constitucional entregara la solución a todos los problemas de política pública en Chile. Esta tarea, que es de carácter permanente, corresponde prioritariamente al legislador democrático. Por eso, uno de los desafíos más importantes del proceso constituyente era abrir los espacios para la legislación y reducir las trabas existentes, sin sacrificar un sistema de contrapesos que permitiera cuidar la democracia.

Creemos que, en relación a la creación de nuevos órganos de la administración del Estado, la propuesta de nueva Constitución (PNC) fracasa en ambos objetivos.

En primer lugar, cierra espacios al legislador, al crear una serie de nuevos servicios y funciones públicas, sin que en la deliberación o en el texto encontremos argumentos suficientes que permitan justificarlos. Cabe preguntarse, por ejemplo, si es razonable que la propuesta de nueva Constitución mandate crear un Consejo Nacional de la Bioética o una Agencia Nacional de Protección de Datos. ¿No era posible encomendar estas importantes funciones a órganos existentes?, ¿por qué utilizar la Constitución para crear estas instituciones y no, por ejemplo, una Defensoría de las Víctimas o una institucionalidad encargada de coordinar las acciones para estudiar y enfrentar los efectos del cambio climático en nuestro país (ambas iniciativas rechazadas por la Convención)?

Se trata de preguntas cuyas respuestas exigen un análisis profundo e integral. Cada nuevo órgano que se crea implica altos costos económicos y de gestión para el Estado: es decir nuevas atribuciones, nuevos edificios, nuevos sueldos, nuevas licitaciones, nuevas regulaciones y nuevos problemas de coordinación, que afectan la relación entre el Estado y las personas. Por eso, en esta materia era esencial abrir los espacios al legislador y no cerrarlos, entregando flexibilidad para avanzar o retroceder según fuera necesario.

Este argumento no es nuevo. En efecto, ha sido recientemente utilizado, por ejemplo, por el diputado Vlado Mirosevic para defender la exclusión de la Defensoría de las Víctimas por parte de la Convención Constitucional. Habría que preguntarle entonces al diputado, por qué ocupa este argumento para defender el texto y no para criticarlo. ¿O tendrá la certeza de que es más urgente gastar recursos públicos en la creación de un nuevo órgano encargado de “asesorar a los organismos del Estado en los asuntos bioéticos”, que para abordar el desamparo en que actualmente se encuentran las víctimas de la delincuencia?

También fracasa en el objetivo de mantener un sistema de contrapesos que cuide las instituciones. Así, pese a que la PNC reduce los quórums para la creación de nuevos órganos abriendo espacio al legislador, excluye esta materia del catálogo de leyes de acuerdo regional, que son aquellas que conocerá también la Cámara de las Regiones (que reemplaza al Senado). Es decir, un Presidente o Presidenta, con mayoría en el Congreso de Diputadas y Diputados contará con total libertad para crear órganos públicos sin ningún contrapeso. Esto representa una grave amenaza de que determinados sectores utilicen la creación de puestos de trabajo en la Administración, con fines políticos o electorales.

Un Estado más grande no necesariamente es un peor Estado. Pero cuando vemos que el PNC impone la creación de determinados órganos y habilita el crecimiento indiscriminado del aparato estatal, eliminando los contrapesos existentes, quedan pocos motivos para pensar que en este caso no lo será.

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