Nueva educación pública

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Por Ignacio Irarrázaval y Nicolás Muñoz, Centro de Políticas Públicas UC

La educación pública es uno de los grandes desafíos del Estado chileno con su ciudadanía. En el proyecto Tenemos Que Hablar de Chile, donde se condujeron miles de diálogos con personas de todos los lugares del país, la educación fue el tema que más apareció “como prioridad, como problema, como anhelo, y como solución”. Por ello, resulta importante saber en qué está hoy la base de nuestra educación: la educación pública.

El año 2017 se promulgó la Ley Nº 21.040 que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública, en el que ya no serán los municipios los encargados de administrar los establecimientos públicos, sino los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Para ello, se crean 70 servicios locales que serán los nuevos sostenedores educacionales, reemplazando a los 346 municipios en esta tarea.

Es una reingeniería mayor del sistema de educación pública, por lo cual, tal como se recomienda para estos casos, se consideró una implementación gradual de tres a cuatros servicios locales por año. Es así como al año 2020 se han implementado solo 11 servicios locales; este año 2021 se toma una pausa para evaluar lo que fueron los primeros tres años y sacar lecciones para la segunda etapa que comienza el 2022 que, según el diseño original, significaría la instalación de 14 a 15 Servicios Locales por año.

En un estudio desarrollado por el Centro de Políticas Públicas UC pudimos constatar las principales complejidades que ha tenido la instalación de estos SLEP, que se resumen en dos grandes ámbitos. El primero, la conformación de los equipos de cada servicio local: ha sido mucho más complejo de lo esperado poder encontrar y seleccionar un buen líder y un equipo capacitado para asumir esta gran tarea. El segundo, el traspaso desde los municipios a los SLEP, donde ha habido problemas importantes de información administrativa y académica incompleta, dotaciones que no corresponden a la realidad e infraestructura cuya propiedad no está acreditada.

Estos hallazgos nos levantan una alerta y obligan a tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar estas complejidades y otras que puedan surgir en el camino.

Hace algunos días el Consejo de Evaluación tomó la decisión de mantener los cuatro años para implementar los 59 SLEP que faltan, existiendo la posibilidad de extender ese plazo tal como lo propusimos en nuestro estudio. Esta decisión podría agudizar los problemas ya mencionados y poner en riesgo el éxito de la reforma. Lo recomendable sería establecer un plazo mayor y asegurar una correcta instalación de cada SLEP.

Necesitamos que el segundo tiempo de la Nueva Educación Pública, que parte el 2022, sea mucho mejor que el primero y así cumplir con el ambicioso objetivo de que Chile cuente finalmente con una educación pública inclusiva y de calidad.

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