Nueva etapa en la crisis de Venezuela

La gravedad de la crisis venezolana está teniendo repercusiones mucho más allá de sus fronteras. La más dolorosa evidencia de ello ha sido el masivo éxodo de venezolanos que salen de su país, ya no en busca de mejores oportunidades laborales sino simplemente de un lugar que les ofrezca, a lo menos, las condiciones básicas para tener la vida digna. Solo en los últimos tres años, según Naciones Unidas, 2,3 millones de venezolanos han dejado su país. Un flujo que está causando una fuerte presión en las naciones fronterizas, como Colombia -que ha recibido más de un millón de venezolanos desde el inicio de la crisis- o Brasil, así como en Ecuador, Perú e incluso Chile.

Por ello es valioso que el tema esté ocupando un lugar central en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Estamos frente a una tragedia humana", aseguró ayer el presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras que su par ecuatoriano, Lenín Moreno, no dudó en responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro. "Como dijo José Martí, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Nadie emigra por voluntad propia; se ven obligados", aseguró.

El régimen venezolano, sin embargo, no solo insiste en negar la profundidad de la crisis sino que busca desviar la atención culpando a otros de su propia incapacidad. Sucedió la semana pasada con la detención de 34 gerentes de supermercados acusados de ocultar mercadería; y lo volvió a hacer el domingo al responsabilizar a Chile, Colombia y México de estar detrás del supuesto atentado contra Maduro en agosto pasado. Caracas había apuntado inicialmente contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, pero el fin de semana, y sobre la base de una supuesta declaración de un detenido -plagada de contradicciones e imprecisiones-, extendió sus imputaciones a autoridades chilenas y mexicanas. "Chile tiene que explicar quién era el funcionario que tenía que colaborar para que escapara este criminal; Colombia y México tienen que explicar quiénes iban a facilitar su fuga", aseguró el ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez. Acusaciones que Maduro profundizó el lunes al afirmar que el gobierno de Sebastián Piñera "está bien embarrado en esta operación".

Las imputaciones -que el gobierno chileno hizo bien en rechazar con firmeza, convocando además al embajador de Venezuela en Chile a la Cancillería para expresarle su molestia- dan cuenta de la profunda desorientación en que se encuentra el régimen venezolano. Recurrir a imputaciones gratuitas sobre la base de declaraciones de supuestos sospechosos carentes de toda validez, no hace más que profundizar el aislamiento del régimen. Seguir insistiendo en negar la gravedad de la crisis, como ha hecho hasta ahora Maduro, solo terminará ahondando el descalabro económico y humanitario que vive el país.

En este escenario es positivo que la comunidad internacional redoble la presión contra ese país, como lo hace en la Asamblea General de la ONU, y tome medidas concretas contra el régimen. Una señal postiva es la inédita denuncia contra el régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad que presentarán Chile, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay. Es la primera vez que se pide la intervención de la CPI contra un país, pero la gravedad de la crisis amerita acciones más decididas.