Nuevo Servicio de Protección de la Niñez

El Presidente Piñera anunció ayer la implementación del servicio que reemplazará al Sename. Foto: Mario Téllez

El antiguo Sename probó ser ineficiente para atender todos los cuidados y protección que requieren los menores de edad vulnerados. Esta nueva institucionalidad es un buen punto de partida, pero los desafíos siguen siendo mayúsculos.




La semana pasada se aprobó en el Congreso el veto presidencial que permitirá despachar y dar inicio al nuevo Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia impulsado por el gobierno a través de la Subsecretaría de la Niñez. Se trata del organismo que sustituirá al Sename en lo relativo al cuidado de quienes han sufrido vulneraciones en sus derechos y que, a pesar de haber sido una de las prioridades del Acuerdo Nacional por la Infancia que se firmó en marzo de 2018, ha tardado más de dos años y medio en ver la luz. La última dificultad que tuvo que sortear fue el amarre que un grupo de senadores y diputados de oposición le dejó al condicionar su implementación a la aprobación del proyecto de ley de garantías, en el que aún no hay acuerdo y por lo tanto constituía una dilación innecesaria.

La aprobación del veto presidencial es entonces una buena noticia para el país y para los niños que son sujeto de atención. Tras varios episodios lamentables, el antiguo Sename probó ser incapaz de asegurar el creciente desafío que significa el restablecimiento de derechos y la reparación de los daños sufridos por quienes han sido víctimas de vulneraciones, mientras que el nuevo servicio establece una mejora de los estándares y una mayor especialización, que es precisamente lo que se necesita para atenderlos y protegerlos de forma más eficaz, en toda su complejidad.

El nuevo Servicio de Protección tendrá como principio rector el poner a los niños y niñas en el centro y en consideración con su entorno familiar, de tal manera de coordinar una atención integral que se adapte a sus necesidades, y no al revés como ocurre hoy en día. De igual forma, se buscará que no sean inmediatamente institucionalizados, dejando ésta como última opción y priorizando modalidades de cuidado familiar, que constituye el espacio más adecuado para su desarrollo. Mayores exigencias y capacitación para el personal, mejoras en la fiscalización y supervisión, la creación de una asistencia técnica especializada y evaluaciones periódicas de la oferta programática, junto con un aumento en los recursos totales y en el componente fijo de la subvención, son algunos de los cambios más relevantes que implica el nuevo servicio y que debieran contribuir con mejorar la calidad de la atención en el tiempo.

Con todo, es importante no perder de vista que tras dos años y medio de difícil tramitación -y varios más desde que se ingresó por primera vez al Congreso un proyecto de esta naturaleza-, el desafío real recién comienza. Resultará clave una correcta instalación de la nueva institucionalidad, para lo cual el Presidente de la República ya designó como responsable a la actual Subsecretaria de Educación Parvularia. Asimismo, será fundamental contar con la colaboración de los profesionales y organismos más idóneos, no dando espacio a los requerimientos e intereses políticos que seguramente rondarán. Por último, como parte de la deuda que la sociedad mantiene con los menores de edad vulnerados, es importante que ésta se comprometa con la prevención de la violencia y la promoción de su bienestar, guiando así las prioridades para los próximos gobiernos.

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