Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

SEÑOR DIRECTOR

Ante la anunciada "Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables" se abren muchas dudas sobre la posición que tendría en relación con los servicios que deben evaluar proyectos y entregar autorizaciones. Especialmente, sobre la necesidad de poner una repartición pública al servicio de los más poderosos para acelerar sus trámites frente al Estado.

El primer problema es institucional. Si el gobierno considera que la administración del Estado es excesivamente poco eficiente, debe tomar medidas estructurales para solucionarlo y no desviar recursos públicos a la creación de una especie de oficina estatal de lobby al servicio de algunos inversionistas.

Un segundo problema es económico y social. En la tramitación de proyectos, quienes pretenden realizarlos están en una posición mejorada respecto de las personas y bienes públicos que afectarán. Buscar una situación estable de largo plazo pasa, en parte, por empoderar a los que están en peor posición, de manera que puedan poner sus inquietudes y derechos en la balanza de quien toma la decisión y que esa decisión sea mejor y más legítima. El anuncio apunta en el sentido contrario y le hace un mal favor no solo a la institucionalidad, sino también a los potenciales inversionistas, pues permisos menos legítimos los llevan a posiciones más cuestionadas e inestables.

Si el objetivo de favorecer la inversión es lograr el desarrollo, una visión mínima debe comprender que derruir las instituciones y desproteger los derechos no avanza en ese sentido.

Ezio Costa Cordella

Abogado y director Ejecutivo ONG FIMA Investigador RegCom y MIPP, U. De Chile