Orden público y libertad

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El suspendido intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.



La acusación constitucional contra el intendente Guevara hizo explícita una división que venía manifestándose entre los que ven en el vandalismo un atentado a la democracia y quienes defienden, en la práctica, todo tipo de desmanes como el precio a pagar por la libertad de expresión.

Si Plaza Baquedano hubiera sido el lugar de encuentro de pacíficos manifestantes, intelectuales críticos de nuestro orden social, reformadores a los cuales fuerzas represivas impiden leer sus manifiestos o representar sus obras de teatro, tendría sentido la crítica opositora. Pero nadie que haya estado en Chile en los últimos tres meses puede confundir lo que ha pasado aquí con la primavera de Praga, hasta ahora no se ha visto entre esos encapuchados que atacan, queman y destruyen ningún Vaclav Havel.

Es exactamente al contrario, son esos encapuchados los que amenazan la libertad, los que por la fuerza se han adueñado tanto del espacio como de los bienes públicos y han destruido los privados, los que desobedecen la ley común para imponer la propia. Por eso no hay error mayor o irresponsabilidad más imperdonable, que creer que esto es problema de un gobierno, que se puede hacer pagar costos políticos a un ministro o a un intendente, sin que de ello se derive un efecto permanente de grave debilitamiento de nuestras instituciones y, por ende, de nuestra gobernabilidad.

Solo alguien cegado por alguna razón que es mejor no calificar al voleo puede creer que bastaría un cambio de gobierno o de sector político para que la fuerza del Estado volviera a ser legítima y las instituciones respetadas. Como dice genialmente Serrat en una de sus canciones están jugando "con cosas que no tienen repuesto".

Amarrarle las manos a la fuerza pública y la autoridad administrativa, en supuesta defensa del derecho de reunión o de expresión, es un error jurídico y un crimen político. Es un error jurídico, porque el recto ejercicio de un derecho no puede –salvo casos de laboratorio- vulnerar otros derechos, este un principio ordenador del sistema legal, de allí el viejo aforismo: "quien ejerce su derecho a nadie ofende".  No es la manifestación la que ha generado conflictos, es la violencia y esa violencia que viola la ley es todo lo contrario que el ejercicio de un derecho.

Políticamente es un crimen, porque socava la gobernabilidad, vale decir la capacidad de sostener una sociedad estable y pacífica, que es el objetivo central de la política. El Senado corregirá lo que hizo la Cámara de Diputados en la acusación al intendente, no puedo pensar otra cosa, pero incluso eso no basta, se requiere una acción decidida y transversal para recuperar las bases de un orden social civilizado, que es aquel en que impera la ley.

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