Organizaciones civiles y franja televisiva

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La decisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de no incorporar expresamente a las organizaciones civiles como parte de las entidades que tendrán derecho a utilizar la franja televisiva que establece la ley de cara al próximo plebiscito del 26 de abril ha resultado ciertamente polémica.

Conforme la resolución, solo podrán hacer propaganda en dicha franja los partidos políticos legalmente constituidos con representación en el Congreso, y aquellos parlamentarios que un año antes ostenten la condición de independientes. El CNTV estableció, no obstante, que los partidos políticos o comandos que participen en la franja deberán destinar una parte significativa del tiempo que se les asigne a organizaciones de la sociedad civil que apoyen la misma opción respecto de la cual van a hacer propaganda electoral.

Esta forma de resolver el asunto no ha dejado conforme a los partidos políticos, que estiman injusto se les traslade a ellos la responsabilidad de decidir qué organizaciones habrán de incluirse y cuáles dejar fuera, así como determinar el alcance de una porción significativa del tiempo; tampoco ha dejado conformes a las organizaciones civiles, en especial porque tratándose de un evento de tanta trascendencia como éste, su presencia en la franja quedará entregada a la voluntad de las colectividades políticas.

Cabe lamentar que el diseño para hacer propaganda electoral en este plebiscito haya carecido del tiempo suficiente para una mejor reflexión sobre todos los aspectos involucrados, y que sobre la marcha se haya tenido que improvisar una salida. Es evidente que tratándose del hito más significativo de las últimas tres décadas -en que la ciudadanía deberá pronunciarse si quiere seguir con la actual Constitución, o prefiere una nueva, elaborada íntegramente por un órgano constituyente elegido para tales efectos-, el interés por participar y hacer oír voces a favor o en contra sería creciente, pero inexplicablemente dicha dimensión no fue recogida al momento de elaborar la reforma constitucional. Con todo, y atendida la premura con que hubo que legislar, es posible que en esta fase el CNTV no tuviera demasiado margen para explorar alternativas diferentes que, además de legales, constituyeran soluciones óptimas.

Es claro que distribuir el tiempo que consagra la ley para propaganda televisiva resulta de especial complejidad tratándose de organizaciones civiles, porque desde luego se enfrenta el problema de a quiénes privilegiar. En tal sentido, y a falta de una mejor fórmula, lo menos lesivo parecía continuar con la regla de dejar a los partidos políticos como las entidades que canalicen las distintas sensibilidades en juego. Ello sin perjuicio de que probablemente aquellas colectividades u organizaciones que se sientan perjudicadas por la decisión podrán utilizar los recursos judiciales disponibles para apelar, por lo que aún podría tratarse de un asunto que no está del todo zanjado.

Un punto especialmente criticable es que la reforma no haya considerado fondos públicos para financiar estas campañas, lo que constituye un retroceso respecto de la transparencia y límites del gasto electoral.

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