¿Organizaciones públicas o privadas?

Es común que ante una política en la cual un bien será provisto por una organización pública surjan vociferantes defensores de los "principios económicos" arguyendo que será un fracaso.

Argumentar que las organizaciones públicas son per-se malas carece de racionalidad. Esta es una cuestión más bien empírica (Wilson, 1989).  En principio la naturaleza de la organización que provee el bien no debería ser materia de debate salvo por el impacto sobre el bienestar de ella.  Dado que las organizaciones están plagadas de problemas de información, estas sufren de selección adversa, que se da cuando las partes relacionadas tiene información privada que afecta a ambos al momento de acordar un curso de acción, y riesgo moral, que ocurre cuando una de las partes toma una acción que afecta a la otra sin que esta última pueda observar o verificar dicha acción. La ventaja de un tipo de organización sobre la otra dependerá en gran medida de la severidad de estos problemas.

Empíricamente, las razones por las cuales los problemas de incentivos son más severos en organizaciones públicas son las siguientes (Dixit, 2001): estas tienes tares múltiples, obedecen a múltiples mandates (votantes, el partido, el gobierno), cada uno con objetivos diferentes, la verificabilidad de sus acciones es más dificultosa y, en general, enfrentan menos competencia. Esto resulta en incentivos yuxtapuestos y consecuencias no intencionadas. Además, la severidad de los problemas de incentivos genera problemas de "accountability", lo que hace los trabajos del sector público más atractivos para profesionales de menor calidad.  Por ejemplo, un alcalde tiene que ser reelecto, gastar eficientemente el presupuesto y proveer servicios en forma eficiente, mientras que un privado tiene como único objetivo maximizar ganancias. Es difícil que el alcalde pueda cumplir sus tareas en forma eficiente y además deje a los votantes contentos.  Así los postulantes a alcaldías serán en general personas más proclives al populismo, que a la soluciones técnicas.

A modo de ejemplo consideremos una inmobiliaria municipal. El arrendatario tiene escasos incentivos a cuidar el bien dado que se beneficia parcialmente del gasto en mantención, y tiene incentivos a caer en morosidad dada la protección que la ley le garantiza. Estos incentivos son los mismos independientemente de quien sea el proveedor. La diferencia está en los incentivos del proveedor. Un alcalde tiene por objetivo ser reelecto, mientras que un privado no. El alcalde tendrá menos incentivos a respetar los contratos y la ley si ello lo hace perder votos.  Como los arrendatarios anticiparán aquello, se autoseleccionarán en términos de capacidad de pago e intención de respetar los contratos y la ley; ellos serán aquellos menos proclives a pagar su arriendo y a cuidar el inmueble. 

La diferencia entre organizaciones públicas y privadas radica en la intensidad de los problemas de incentivos y no los tipos de incentivos enfrentados. Por ende, la receta parece simple: si los problemas de incentivos son más severos cuando la organización proveedora es privada, esta ha de ser pública y viceversa. Poco tiene que ver si se es de derecha, centro o izquierda.