Pacto Global Migratorio



SEÑOR DIRECTOR

Chile ha decidido no adherir al Pacto Global para la Migración (PGM). Los argumentos han llamado la atención y generado polémica. Se ha señalado que la migración no es un derecho humano y, si lo fuese, estaríamos en un mundo sin fronteras.

Es necesario subrayar que el PGM garantiza el derecho soberano de los estados a definir sus políticas y gobernanza migratoria al interior de su territorio, conforme al derecho internacional. Es más, Naciones Unidas insta a planificar para lograr una migración segura, ordenada y regular. Este ha sido un mantra, correcto a mi criterio, voceado por el actual gobierno desde su instalación, y que ha inspirado la adopción de medidas correctivas de migración, respecto del fracaso del gobierno anterior.

Qué es el "derecho a migrar". La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13.2, señala que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". Por lo mismo, resulta evidente que los gobiernos consagraron el derecho a emigrar (salir del país), pero no instauraron como norma imperativa el derecho a ingresar y asentarse en otro país.

Es el Estado el que posee la potestad de decidir quién entra o no a su territorio, en función de las definiciones y necesidades que su propia ley determine. Sería imprudente plantear que la inmigración es un derecho, pues no hay estado que pueda garantizar una respuesta adecuada de integración a todos aquellos que decidan radicarse en él. El PGM en ningún punto lo hace.

El gobierno de Chile pierde una gran oportunidad de sellar su adecuada aproximación al tema migratorio, restándose del PGM. Ese marco permitiría dar solvencia a sus postulados esenciales, que promueven un ordenamiento de la migración; un marco de derechos igualitarios entre nacionales e inmigrantes regulares; y una necesaria mirada sobre flujos poblacionales.

Chile necesita la diversidad que aporta la migración. La clave es generar un proceso que propenda a la cohesión social pluricultural, con un Estado que entregue, por un lado, los lineamientos básicos regulatorios y sociales, y por otro, abra paso, sin ambages, a la creatividad e iniciativa de los propios individuos migrantes y sus comunidades organizadas. Nada hay de temer en la firma del PGM.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología

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