Pandemia y masiva destrucción de empleos

Existe el riesgo de que la economía no logre absorber el elevado número personas que en algún momento saldrán a buscar empleos, lo que requiere urgentes respuestas de la política pública.



Los datos de junio, conocidos recientemente, son útiles para evaluar la real magnitud que ha tenido la crisis sanitaria. En concreto, según la información preliminar que entrega el Imacec, la economía chilena se contrajo en el segundo trimestre 14% en doce meses, lo que es el peor desempeño desde que existen cifras comparables. 

Con el proceso de desconfinamiento en marcha, los datos sugieren que de no existir un rebrote del virus -algo del todo incierto- el segundo trimestre marcaría el nivel más bajo en materia económica y algunos sectores podrían comenzar un repunte gradual. Sin embargo, la realidad sectorial es disímil. Mientras la minería -según datos del Banco Central- registró un crecimiento anualizado de 1,1% en el segundo trimestre, el resto de los sectores cayó 15,5% en el mismo lapso. Destaca el fuerte retroceso del sector comercio que -según el INE- anotó una caída interanual de 15,9%, u otros casos emblemáticos, como actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (-81,3%).

Pero es en el mercado laboral donde se observan perspectivas cada vez más sombrías, cuyas consecuencias para el país pueden llegar a ser devastadoras. El trimestre abril-junio anotó una pérdida de empleos equivalentes a casi 1,8 millones de personas. Sin embargo, la mayor parte de esa caída proviene de sectores ligados al desplazamiento de personas (comercio, transporte, turismo, entretenimiento, etc.) los que destruyeron 813 mil puestos de trabajo en un año, versus el sector real (agricultura, minería, industria, construcción y otras) con una caída en el empleo consolidado de 570 mil personas. El primer grupo enfrenta un cambio estructural, cuyos efectos retrasarán la recuperación del empleo una vez que retorne la actividad.

Quienes han salido del mercado laboral estos últimos meses no son los únicos que esperan encontrar un empleo. Además de los desocupados -que no han trabajado remuneradamente y buscan activamente un empleo- están los iniciadores disponibles y la fuerza de trabajo potencial, quienes aparecen fuera de la fuerza de trabajo, pero muestran algún grado de disponibilidad de incorporarse al mercado laboral. A ellos hay que sumar parte de los suspendidos, que según una encuesta del Banco Central no volverán a sus labores una vez terminada la pandemia. Todo este grupo supera perfectamente los tres millones de personas.

Todo lo anterior confirma que la destrucción de empleos y la necesidad de recuperarlos deberá ser la prioridad de las políticas públicas. Un programa de subsidio a la contratación -que el gobierno estima en US$ 2.000 millones-, si bien es una medida necesaria, no tendrá efectos equivalentes en todos los sectores. Se puede anticipar, por ejemplo, que en los sectores asociados al desplazamiento de personas habrá impactos más acotados -por el cambio estructural- que en el sector real. El programa de inversión pública y otras medidas encaminadas a reactivar a las empresas puede que no sean suficientes para absorber la enorme cantidad de personas que estando disponibles para trabajar, no encontrarán un empleo, al menos no en su sector de origen. Programas de reconversión masivos y la necesidad de que distintas reformas hoy en discusión no desincentiven la contratación o estimulen la informalidad aparecen como desafíos ineludibles.

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