Partido Socialista y acusación constitucional

El Partido Socialista (PS) ha anunciado su intención de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, para lo cual intenta sumar a otras colectividades de oposición, algunas de las cuales le han brindado plausibilidad. Entre los cargos a partir de los cuales se pretende construir dicha acusación, figuraría la utilización de recursos para promover el proyecto Admisión Justa, o debilitar la educación pública al no ejecutar mandatos establecidos en la ley.

El anuncio de este libelo ha llamado profundamente la atención, no tanto por el hecho de que sus fundamentos aparecen poco claros y sin mayor sustento jurídico -es lamentable, en todo caso, que una vez más se recurra al expediente de una acusación constitucional, sin medir bien sus consecuencias- sino particularmente por el momento que el PS elige para llevar adelante esta acción. El partido atraviesa probablemente por una de sus mayores crisis, debido a las acusaciones de que la narcocultura podría haberse enquistado en su interior, a propósito de los escandalosos hechos que han quedado al descubierto en la comuna de San Ramón tras las recientes elecciones generales. Antecedentes fundados revelaron que en dicha comuna estarían operando maquinarias políticas -con posibles nexos con el narcotráfico-, que entre otras cosas llevaron a la conformación de un abultado padrón electoral, lo que inevitablemente terminó contaminando los resultados en dicha comuna, al punto que el Tribunal Supremo resolvió anular el proceso en este municipio. Asimismo, la máxima instancia también resolvió anular la votación en otra veintena de municipios, por hechos irregulares.

La actual directiva del PS, que logró la mayoría de votos, asumirá su mandato sumida en un fuerte cuestionamiento de legitimidad, lo que desde luego no solo dificultará superar las fuertes divisiones internas tras el proceso electoral, sino que el partido como tal quedará muy debilitado desde el punto de vista político al ser encabezado por una dirigencia que tomó muy livianamente las denuncias de posible corrupción narco y que por lo mismo ha erosionado su credibilidad. Parece evidente que ante este estado de cosas el Partido Socialista perderá capacidad de interlocución, lo que resulta anómalo tratándose de uno de los partidos eje de la oposición y depositario de un extenso legado en la política chilena.

El partido debe abocarse ante todo a resolver esta grave crisis -algunos de sus más distinguidos militantes ya han anunciado el alejamiento de sus filas-, porque en la medida que ello no sea superado todas su futuras actuaciones estarán empañadas por este episodio. Es en ese orden de cosas que el anuncio de una acusación constitucional resulta fuera de lugar y su oportunidad aparece más bien como un intento de desviar la atención sobre esta crisis antes que el resultado de un genuino convencimiento de que la autoridad educacional incurrió en un notable abandono de deberes o ha infringido la Constitución.