Pascua Lama: un muestrario de falencias del sistema sancionatorio ambiental

La semana pasada, el Primer Tribunal Ambiental confirmó la clausura definitiva del proyecto minero Pascua Lama, de Barrick Gold. Se ha mencionado que este caso venía del año 2018; pero si nos remontamos a los orígenes del procedimiento sancionatorio ambiental, Pascua Lama presentó, en el 2013, una autodenuncia -la segunda en la historia de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)- iniciando un largo proceso que acaba de concluir, pero que podría haberse extendido por un año más si la minera hubiera decidido casar el fallo ante la Corte Suprema.

Fueron siete años de proceso y desgaste institucional, con la consecuente incertidumbre para las comunidades vecinas al proyecto y para el destino de la inversión. Independiente del resultado final del procedimiento, -celebrado por muchos-, tanto los organismos del Estado, así como las comunidades, el desarrollador y tribunales, se vieron expuestos a un intrincado procedimiento sancionatorio.

Pero ¿qué es lo que falló? De todo un poco. Fracasó la institución de la autodenuncia, que luego de esta y otras pocas experiencias, no ha sido utilizada por los titulares de proyectos. También se devela, una vez más, la falta de recursos de la SMA, organismo a cargo de la fiscalización ambiental en Chile, que debe levantar datos, procesarlos, tomar declaraciones, ir resolviendo cada uno de los recursos que se interponen por cada decisión, defender una a una las acciones ante tribunales, y todo, con escasos recursos. Por otra parte, en casos de este nivel de complejidad y duración, se hace muy oneroso para las comunidades, especialmente para las más vulnerables, hacer frente a largos procesos y participar aportando información. Finalmente, la falta de claridad acerca del escenario de viabilidad de los proyectos en el corto plazo desincentiva la llegada de nuevas inversiones a Chile.

En definitiva, Pascua Lama ha demostrado que, en términos procedimentales, al sistema sancionatorio ambiental aún le falta mucho por avanzar para dar debida protección al medioambiente y a las comunidades, dar certezas a los desarrolladores y contar con organismos con recursos y mejor disponibilidad tecnológica para enfrentar casos complejos. Lo anterior, pasa por contar con la voluntad política de otorgar la debida prioridad a estas materias y, asimismo, se relaciona con la determinación que deben tener los titulares de proyectos de contar con una licencia social para operar. Ojalá Pascua Lama sirva como aprendizaje.

-La autora es directora del Área de Regulación y Medio Ambiente de Morales & Besa