Peligrosa debacle de las instituciones

Ninguna democracia puede funcionar bien si sus principales instituciones no logran estar a la altura y desempeñar su rol conforme a la ley y la Constitución. Este rol se torna aún más crítico en ambientes de crispación política y de efervescencia social, pues justamente las instituciones están llamadas a poner límites, encauzar los procesos y resolver las controversias por vías pacíficas.

Una de las características que precisamente distinguió a Chile en el contexto regional fue la estabilidad de las instituciones y la predictibilidad de sus reglas. Pero tras el estallido social y luego con el trastorno que ha significado la pandemia, ha sido evidente que una serie de instituciones fundamentales de la República han comenzado a desdibujar su rol, dejándose arrastrar por las pulsiones de la contingencia y consecuentemente perdiendo relevancia. El reciente estudio de opinión pública del CEP ha vuelto a confirmar la abrumadora pérdida de confianza ciudadana en entidades que son a la esencia de una democracia, como es el caso del Congreso y los partidos políticos, ubicándose al final de la tabla, con apenas 8% y 2%, respectivamente.

Por estos días se han multiplicado los ejemplos que dan cuenta de cómo los propios integrantes de estas instituciones están contribuyendo a su horadación, sin que se estén aquilatando las implicancias de algo así. El ejemplo más nítido se ha observado en el Congreso, donde proliferan las mociones que contemplan aumentos de gasto fiscal o bien abordan materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, pese a que la Constitución no lo permite. La anterior presidenta del Senado no trepidó en señalar que estaba dispuesta a cometer un “sacrilegio” con la Constitución si con ello se lograba la tramitación de ciertos proyectos de ley, y con motivo de la reciente aprobación del tercer retiro por parte del Congreso, hubo legisladores que reconocieron abiertamente estar yendo en contra de la Carta Fundamental. Es fácil advertir la muy compleja señal que se envía a toda la sociedad cuando los propios parlamentarios están dispuestos a desconocer o relativizar el cumplimiento de la Constitución.

También resultan desconcertantes las señales que recientemente ha enviado el Tribunal Constitucional (TC), también a propósito del tercer retiro y la debacle que ello provocó en el gobierno. Las declaraciones que formuló uno de los ministros del TC antes de que sesionara el pleno, en orden a que “el punto central no es quién hace la ley, el punto central es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente”, y que la sentencia del TC sobre el segundo retiro contiene “todo un argumento que llama a las partes a legislar en cierto sentido”, sugieren que el TC podría estar tomándose atribuciones que van más allá de su competencia, y considerando factores extrajurídicos, abonando la tesis de la “tercera cámara”.

No menos sorpresivo resultó el hecho de que la Contraloría, en su rápida toma de razón del decreto que promulgó el tercer retiro, haya acompañado en su cuenta de redes sociales llamativos afiches en favor del 10%, sin observar el mínimo de imparcialidad y sobriedad que cabría esperar de la instancia que vela por la legalidad de los actos administrativos.