Permisos para comercio ambulante en Santiago

La alcaldesa de la comuna de Santiago ha propuesto “avanzar en un ordenamiento democrático territorial”, como forma de regular de forma más efectiva la organización de trabajadores en la vía pública, con el fin de evitar situaciones de ilegalidad que perjudiquen al comercio establecido y a los vecinos de la comuna.

Conforme ha explicado la alcaldesa, el problema del comercio ambulante en el caso de esta comuna no ha sido bien abordado, siendo evidente que es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo, y que se ha agudizado con motivo de la pandemia. En su diagnóstico no existe regulación respecto de lo que se vende, de manera que uno de los objetivos es que exista una definición de dónde vender, qué es lo que se vende y que nada de ello sea ilegal. Por declaraciones que han aparecido en la prensa, se buscaría que los artículos vendidos en la vía pública no sean los mismos que ofrece el comercio establecido. Un estudio topográfico que maneja el municipio indica que habría espacio para otorgar cerca de mil permisos en la vía pública, y conforme ha explicitado la alcaldesa, no quiere decir que esa sea exactamente la cantidad de permisos que se otorgarán -podrían ser incluso menos-, lo que en definitiva se determinará con el comercio establecido y los propios vecinos.

El comercio en la vía pública -fenómeno que se ha masificado a lo largo del país- tiene desde luego una profunda dimensión social. La evidencia muestra que la mayoría de las personas que se dedica a esta actividad lo tiene como sustento único, y si bien la mayoría son chilenos, en los últimos años se ha notado un fuerte aumento de extranjeros, sobre todo en la comuna de Santiago. Siendo entonces una fuente de sustento para miles de familias, la evidencia también muestra una serie de externalidades negativas. El comercio callejero también alimenta la existencia de mafias que controlan determinados espacios públicos, fomenta la venta de productos falsificados, no existe pago de impuestos y por cierto constituye una competencia desleal para el comercio establecido, que debe pagar impuestos y cumplir con las leyes sociales. En algunos casos también se ha podido comprobar que son focos que facilitan la delincuencia.

Las políticas públicas deben apuntar a que exista la menor cantidad de informalidad posible, y asegurar el libre acceso de la ciudadanía a los espacios públicos. Más allá del número de permisos que finalmente otorgue la municipalidad, un plan como el propuesto consolida el comercio ambulante, y desde luego parece irreal que el municipio cuente con las capacidades para fiscalizar a tal cantidad de comerciantes. Es previsible que lo que se logrará con una medida así es fomentar todavía más esta actividad -donde se buscará presionar para que se aumente el número de permisos-, además de un irremediable deterioro de los espacios públicos, perjudicando la calidad de vida de los vecinos.

Siendo pertinente que un municipio busque hacerse cargo de los problemas sociales al interior de una comuna, ello no justifica dictar cualquier tipo de política pública, mucho menos desentenderse de su rol fiscalizador así como de asegurar el cumplimiento de la ley. Su contribución debería ir por el diseño de políticas que permitan formalizar la actividad comercial, sin deterioro de los espacios públicos, lo que sería más coherente con el objetivo de un ordenamiento.