Política criminal en Chile



A propósito de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, Enusc, entregada por el INE en mayo del presente año, y que comprende la victimización durante el 2017, resulta útil analizar los datos expuestos.

El primero importante de destacar, es que medida la victimización en hogares, la tasa de un 28,0% marca una tendencia. Los últimos 8 años la victimización se ha mantenido estable bajo la línea del 30%, siendo el 2011 el año más alto, con un 28,8%, y el 2013 el más bajo, con un 22,8%. 

Resulta relevante confirmar que esta encuesta considera como delitos de mayor connotación social, los delitos de robo, en sus diferentes subespecies, hurtos y lesiones. De este modo, a excepción de las lesiones, son todos delitos contra la propiedad, siendo el delito de robo de vehículo el de más baja ocurrencia, con un 1,4%, seguido del de lesiones, con un 1,7%. El delito con mayor ocurrencia es el de robo desde vehículo, con un 14,2%. 

Otro dato interesante es la distribución regional del delito. La región con más alto índice, es la Región de Tarapacá, con un 35,9%, seguida por la Metropolitana con un 31,9%. Y la con menor tasa de victimización, es la de Aysén, con un 12,3%.

Por último, llaman la atención dos datos. Por un lado, la altísima percepción de inseguridad en nuestro país, que alcanza en 2017 el 80,8%. Por otro, que las principales fuentes de información son las noticias de la televisión, con un 49,5%. Para que se hagan una idea, la fuente de información que le sigue es la obtenida del testimonio de otras personas, con un 14,1%.

A los datos que nos proporciona la Enusc, debemos agregar los siguientes. Dentro de los países OCDE, Chile es uno de los que tiene la mayor población penal, con 245 presos por cada 100 mil habitantes. Asimismo, nuestra reincidencia está por sobre el 50%, y del total de privados de libertad, cerca del 80% lo está por delitos contra la propiedad y tráfico de estupefacientes. 

Qué conclusiones podemos sacar de todos estos datos i) Que estamos estabilizados en los índices de victimización; ii) Que en consecuencia, las políticas públicas que se han implementado los últimos años para disminuir la victimización, no han tenido el impacto esperado; iii) Que al haber una tasa de reincidencia alta, y al ser la mayoría delitos contra la propiedad, el fenómeno delictual está directamente vinculado al fenómeno de la pobreza, y; iv) Que la percepción de inseguridad no se condice con la realidad que vive el país, impactando aquello en la toma de decisiones. 

De esta forma, si queremos tener una sociedad más pacífica, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. 

Como país, precisamos tener una discusión que apunte a entender las complejidades del fenómeno delictual, relevando la reinserción social como el instrumento más eficiente (una persona privada de libertad le cuesta $720 promedio al país) para disminuir el delito. De lo contrario, más allá de los anuncios propios de cada cambio de gobierno, seguiremos en las mismas condiciones, con niveles delictuales que, si bien no son alarmantes, se muestran estables, no obstante el persistente incremento del gasto tanto en prevención como en control delictual.  

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