Política tarifaria en concesiones

Se avecina un nuevo fin de semana largo y la imagen de largas filas de autos saturando las plazas de peaje de entrada y salida de Santiago, es algo que preocupa y que nadie quiere repetir. Las autoridades y concesionarios están tomando cartas en el asunto y trabajando en un plan para evitar nuevos episodios de congestión.

Pero el diagnóstico es claro: la infraestructura actual ya es insuficiente y necesitamos más inversión para movilizarnos, para seguir creciendo como país y generar igualdad de oportunidades.

El tema cobra relevancia cuando se aproxima la relicitación de importantes autopistas y donde será de suma importancia el rol que jueguen todos los actores involucrados para seguir impulsando el sistema de concesiones como una política pública de asociación pública-privada que ha sido clave para el desarrollo de la infraestructura en el país. En un escenario de estrechez presupuestaria, con cuantiosas demandas en educación, pensiones y salud, y déficits relevantes de carreteras en diferentes zonas de nuestro país, el sistema de peajes como política tarifaria resulta vital para financiar esa inversión y suplir esas carencias. Así lo fue cuando se construyó la primera generación de autopistas y lo sigue siendo como mecanismo del que usa paga, y así el Estado pueda destinar los recursos a otras áreas.

Esta es una toma de consciencia que debemos hacer todos: el Estado, los concesionarios y la ciudadanía, que debe contar con la información necesaria para entender, por ejemplo, por qué es necesario pagar un peaje que está destinado a financiar la obra que está utilizando y cómo éstas se traducen en beneficios como menores tiempos de desplazamiento, más seguridad, mayor conectividad, en suma, una mejor calidad de vida. En esta coyuntura, el rol de las concesionarias es protagónico. Están llamadas a tomar el liderazgo y avanzar hacia la innovación ya sea en mejor gestión de tráfico y más tecnología como la instalación del free flow en las salidas de Santiago, así como también mejorar la información hacia los usuarios y facilitar el sistema de pago, entre otras cosas.

A su vez, el Estado debe impulsar como política pública el desarrollo de la infraestructura a largo plazo y dar garantías de que los organismos que intervienen en este proceso actúen coordinados y en coherencia. En este caso fundamentales son, por ejemplo, las acciones fiscalizadoras de la autoridad para detectar a quienes transitan sin patente y evaden el peaje y hacer más eficiente el sistema de multas de tal manera de sancionar mejor al que no paga.

Asimismo, el Estado no solo debe buscar fortalecer el sistema de infraestructura vial, porque todos sabemos que no es capaz de sostener la tasa de crecimiento del parque automotriz, sino que generar nuevos modos de transporte que faciliten la conectividad. Por ejemplo, en las zonas interurbanas, potenciar el tren y en las urbanas mejorar la movilidad en las ciudades con más líneas de Metro, un mejor sistema de buses o algo más nuevo para Chile, como los tranvías. Los problemas de congestión no se solucionan únicamente instalando peajes electrónicos en las salidas a Santiago o construyendo más autopistas. Se hace necesario abordar este desafío en su conjunto, con una mirada país y global, impulsando las fórmulas que permitan la construcción de la infraestructura que sea necesaria y optimizándola para que su prestación sea más eficiente.