Por el derecho a vivir en paz

Por Diego Paulsen, diputado

El centralismo en la toma de decisiones, la prolongación por años del conflicto o la intensidad del debate político constitucional, son quizás algunas de las razones por las cuales parece invisibilizarse la tragedia que viven miles de familias en la Macrozona Sur. La violencia aumenta día a día y la indiferencia en gran parte del país se instala, frente a un conflicto que ven lejano, pero que ya ha cobrado la vida de chilenos y amenaza con destruir el tejido social en la zona. En este escenario, la pasividad y la indiferencia importa la renuncia del Estado democrático a procurar uno de sus bienes más esenciales: seguridad.

Pero, ¿existen motivos que permitan concluir la necesidad de fortalecer la respuesta estatal y el uso de herramientas constitucionales propias de periodos de excepción constitucional en la zona? ¿Se justifica la disposición de efectivos militares en las labores de seguridad pública interior? Seguramente desde la visión iusfundamental de quienes relativizan o justifican la violencia, una medida de esta naturaleza sería desproporcionada, pero para quienes, incluso terminan desplazados de la tierra que los vio nacer o sufren la pérdida de un ser querido, la pasividad estatal es una señal de derrota total del estado de derecho y de los valores democráticos.

Y las cifras son contundentes. De acuerdo con un reportaje publicado por este medio, durante el primer semestre del año en curso la violencia rural en la Macrozona Sur aumentó un 94% más que en el primer semestre del año pasado, sumando 866 hechos de violencia. El fenómeno delictivo que tiene lugar en la Macrozona Sur dista mucho de ser calificado como “delincuencia común”. En efecto, desde hace ya un período extenso se observa el uso de armamento de grueso calibre y la actividad de grupos organizados que reflejan preparación, financiamiento y formación propias del crimen organizado y el terrorismo.

Urge que el gobierno utilice en toda su extensión el abanico de instrumentos jurídicos que el marco legal le flanquea para hacer frente a este problema, incluyendo los mecanismos de excepción constitucional que permitirían enfrentar el poder de fuego y la organización que esta clase de organizaciones criminales ha mostrado. La declaración de un estado de excepción constitucional es compatible con tratados internacionales, y permitirá, en sintonía con los instrumentos del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, hacer frente a la violencia y proteger la vida y la integridad física de miles de chilenos que viven con miedo, preguntándose cuándo será el momento en que un grupo de sujetos armados llegue a tocar su puerta, exigiéndoles abandonar la tierra en la criaron y vieron crecer a sus hijos. La pirotecnia judicial de querellas, incluso por ley antiterrorista, resulta indignante, teniendo a la vista la nula efectividad de la Fiscalía.

Debemos construir caminos de acercamiento y diálogo, pero ello no puede significar una renuncia a la persecución de hechos delictuales, más aún, cuando, particularmente quienes vivimos en la región, sabemos que detrás de reivindicaciones y luchas legitimas por mantener la identidad ancestral de nuestros pueblos originarios, se esconden actividades ilícitas y verdaderas organizaciones criminales en cuyo combate se debe comprometer toda la fuerza legítima del Estado. El “derecho de vivir en paz” debe ser para todos, y no solo para el que lo canta más alto