Precedentes de una acusación constitucional fallida

Tras una maratónica jornada, la acusación constitucional en contra de tres jueces de la Corte Suprema fue rechazada en la Cámara de Diputados, por 73 votos contra 64 a favor. Aun cuando es una buena noticia que una maniobra de esta naturaleza no haya logrado prosperar, es difícil pensar que a la luz de los fundamentos esgrimidos por los diputados acusadores -y por el elevado número de votos que consiguió dicha acusación- la institucionalidad no haya quedado severamente resentida, sentando un precedente muy complejo cuando una parte no menor del Congreso se siente con la potestad para entrar a revisar los fundamentos de los fallos emitidos por los tribunales de justicia.

Los abogados defensores de los tres magistrados explicaron en detalle las razones de por qué los fallos de esta sala -que concedieron la libertad condicional a condenados por crímenes contra los derechos humanos- no constituyen impunidad a la luz del derecho internacional de los DD.HH., y se atienen rigurosamente a la ley -que no impide otorgar estos beneficios, menos cuando se trata de un derecho que asiste a todo condenado-, sin perjuicio de que legítimamente se pueda discrepar de la interpretación que han hecho los jueces. Todo lo anterior hace insostenible la causal de notable abandono de deberes -sobre la cual se fundamentó la acusación constitucional-, una opinión que fue ampliamente compartida por una variedad de distinguidos juristas.

Aun cuando esta acción estaba totalmente deslegitimada desde un punto de vista jurídico, los argumentos de quienes apoyaron esta acusación se desentendieron de estas elementales consideraciones propias de un estado de derecho, e hicieron prevalecer razones de orden emocional o con torcidas interpretaciones de los tratados internacionales, poniendo la discusión en el falso dilema de la impunidad. Es evidente que si la legislación presenta vacíos o incoherencias, éstos deben ser enmendados legislativamente, pero no desconocer las reglas vigentes.

Pese a las muchas voces que salieron en defensa de la institucionalidad, no es una buena señal que un elevado número de parlamentarios se sientan con el derecho de acusar constitucionalmente a jueces, en la medida que no coincidan con los fallos, y que de ello no emanen graves consecuencias. La más delicada de todas es evidente: se atenta contra la independencia del Poder Judicial.