Preocupante evaluación para inversión minera

El liderazgo que Chile exhibe en esta materia entre los países de América Latina puede verse desafiado por eventuales cambios constitucionales que alteren el sustento jurídico que da origen a las concesiones mineras.

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Históricamente, el desempeño de la inversión chilena ha estado muy ligado a la capacidad del sector minero de atraer capitales y generar proyectos. En la década terminada en 2017 -última información disponible-, en promedio, la inversión minera contribuyó con el 22% -a precios constantes- de la inversión total, alcanzando un máximo de 29% en los años 2012-2013, periodo del súper ciclo de inversión minera.

Es por esta razón que la fuerte caída de Chile en el ránking que mide el atractivo para la inversión minera, que elabora el Fraser Institute, es motivo de alta preocupación. Nuestro país retrocedió 11 puestos y quedó relegado al lugar 17, entre las zonas geográficas más atractivas para invertir en el sector minero. No obstante lo anterior, Chile se mantuvo a la cabeza de América Latina y en esta última versión quedó lejos de su peor registro en 2016, cuando descendió al lugar 39.

El principal factor que afectó el desempeño del país en el prestigioso ránking es la menor evaluación de los inversionistas sobre el potencial minero de Chile. En este ítem, descendió desde el lugar 9 al 27, siendo superado por Perú, que se mantuvo -en esta categoría- a la cabeza de América Latina en el lugar 12, seguido de cerca por Bolivia, que obtuvo la posición 14.

Cabe señalar que en relación a la percepción de los inversionistas sobre las políticas que afectan al sector minero, Chile mejoró su posición desde el lugar 23 al 15. Sin embargo, la encuesta no alcanza a recoger el efecto total del estallido social y la fuerte incertidumbre que ha traído aparejado, sobre todo en lo que respecta a eventuales cambios estructurales en políticas que influyen en el sector minero. El liderazgo que Chile exhibe en esta materia entre los países de Latinoamérica puede verse desafiado al considerar eventuales reformas constitucionales que alteren el sustento jurídico que da origen a las concesiones mineras.

Nadie puede discutir el enorme aporte que ha hecho la minería en el proceso de desarrollo económico del país. Además de ser fuente de importantes flujos de inversión extranjera, la minería ha desarrollado estándares laborales, nuevas tecnologías y es un verdadero motor económico para otros sectores, entre los que se cuentan la industria, la construcción y los servicios.

Sin embargo, el sector minero chileno compite con otros de igual o mayor atractivo en el mundo, por lo que los continuos cambios regulatorios que ha enfrentado el país -laborales, tributarios y ahora constitucionales- van socavando la confianza de los inversionistas en el sector minero chileno y terminan por desviar flujos de capitales hacia otras economías que demuestran mayor estabilidad.

Una señal de alerta lo constituye el hecho de que, pese a que la inversión extranjera directa creció 77,5% el año 2019, el último trimestre -con el efecto completo del estallido social- fue el de peor desempeño del año. La principal tarea que tienen hoy las autoridades económicas es generar las señales concretas para revertir la incertidumbre que ha abierto el proceso constitucional en el sector privado.


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