Preocupantes cifras de pobreza en La Araucanía



Recientemente fueron publicados los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2017, destacando a nivel nacional la disminución de la pobreza por ingreso de 11,7% a 8,9%, y alertando de un estancamiento en la baja de la pobreza multidimensional. En este contexto, es especialmente preocupante la situación de la región de La Araucanía, que si bien redujo la incidencia de la pobreza por ingreso de 23,6% a 17,2%, entre 2015 y 2017, sigue siendo la región más pobre del país, duplicando el promedio nacional.

A pesar de que se trata de un rezago de larga data, inquieta comprobar que, no obstante el tiempo transcurrido, los progresos sigan siendo tan escasos, lo que confirma que el accionar de las políticas públicas en La Araucanía no solo debe profundizarse, sino también reorientarse. Así, parece innegable que la situación de inseguridad y violencia rural -que en algunos casos ha alcanzado connotación terrorista- ya no puede seguir siendo ignorada, y debe asumirse como una de las principales razones que impiden un mayor desarrollo económico y social. Es una deuda pendiente en cuya solución han fallado las distintas administraciones al equivocar el foco de atención o bien desentenderse del problema, y cabría esperar que tras el contundente pronunciamiento que sus habitantes manifestaron en las recientes elecciones se dé un giro definitivo.

Junto con la dimensión de seguridad, es necesario el diseño de planes de desarrollo de largo plazo, donde la participación y el diálogo con las propias comunidades resulta fundamental. El anunciado Plan para La Araucanía por parte del gobierno, que se debe dar a conocer dentro de septiembre -y en cuya generación ha permitido recoger dudas, propuestas e inquietudes de los distintos actores-, debería ser un paso relevante para ayudar a recuperar las confianzas y centrar las políticas públicas. Éstas deben tener como uno de sus ejes poner en marcha el aparato productivo, donde otra vez toma importancia la dimensión de seguridad. A su vez, los Diálogos de Paz en que se ha empeñado el Ministerio de Desarrollo Social, y el Acuerdo Nacional por La Araucanía son pasos también relevantes porque permiten abordar la dimensión cultural y reivindicación pacífica de la causa indígena, aristas que no podrían quedar fuera desde una perspectiva integral para la región.

La Araucanía sigue estando entre las regiones con mayores índices de desempleo -ubicándose en torno al 8%-, si bien en los últimos meses se han observado algunos avances. El reporte de actividad económica en el segundo trimestre reveló un crecimiento interanual de 7% en la región -ocupando el lugar séptimo a nivel nacional-, lo que es un buen signo, pero aún insuficiente para asentar la confianza empresarial, que ha tendido a disminuir levemente en el último tiempo, expectante ante los futuros anuncios del gobierno.

El país no puede seguir conformándose con tener a una de sus regiones en permanente rezago; a la luz de las nuevas cifras que ha arrojado la Casen, la clase política y el gobierno tienen ahora la misión de revertir estos indicadores en el corto plazo.

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