Preocupantes indefiniciones en La Araucanía

Más allá de las definiciones que cada gobierno tiene derecho a hacer en el diseño de sus políticas, es preocupante que no haya claridad sobre los pasos urgentes e inmediatos que el actual gobierno va a seguir para hacer frente a la situación actual en la zona.




Hace cuatro semanas concluyó el estado de excepción constitucional de emergencia que se aplicó en las regiones del Biobío y La Araucanía desde el 12 de octubre de 2021. El objeto de esta medida extraordinaria era contar con mayores herramientas para poder asegurar el orden público en una zona que desde hace más de dos décadas enfrenta hechos de violencia en el contexto del llamado conflicto mapuche -protagonizados sobre todo por grupos radicalizados que incurren en delincuencia y narcotráfico-, que inicialmente perseguían atentar contra la propiedad tanto de empresas como de personas naturales, pero que derivaron en ataques personales que ya suman numerosos heridos y asesinados. Es así como contar con la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la labor que desarrolla Carabineros en la prevención de delitos y seguridad pública permitió durante ese tiempo reducir el número de atentados, sin perjuicio de la gravedad alcanzada en algunos de los hechos delictivos ocurridos.

La decisión de la actual administración de no renovar el estado de excepción, fundada en su rechazo a la “militarización” de la zona y a que se había demostrado supuestamente el fracaso de las medidas implementadas -ya que los hechos seguían ocurriendo-, debía dar lugar a una nueva etapa que esta vez privilegiaría el diálogo. “Un camino que no va a estar exento de dificultades”, como lo reconocía la propia vocera de gobierno luego de la frustrada visita de la jefa del gabinete a la región, y que demandaba generar lazos con las comunidades. Etapa que se llevaría a cabo en forma paralela a las acciones para cumplir con la tarea del gobierno tendiente a “garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Chile”, para lo cual se habían tomado “una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir una labor tan importante en una democracia”, según señaló el subsecretario del Interior.

Sin embargo, y más allá de las definiciones que cada gobierno tiene derecho a hacer en el diseño de sus políticas -que en materia de Macrozona Sur la ministra del Interior anticipó en el Senado al presentar los pilares sobre los que se fundaría: creación de una comisión para la verdad y esclarecimiento histórico, establecimiento de parlamentos y diálogos territoriales, mejora en la entrega de tierras, medidas de seguridad-, es preocupante que hasta la fecha no exista claridad respecto de los pasos urgentes e inmediatos que el gobierno del Presidente Boric va a seguir para hacer frente a la situación ahora. No hay claridad, por ejemplo, sobre quiénes serán los interlocutores en un proceso de diálogo, y aquellos que reconocidamente están por la vía violenta ya han señalado que no conversarán con las autoridades.

Los graves hechos no solo siguen ocurriendo día a día, como lo grafica lo sucedido el martes y miércoles de esta semana, la jornada más violenta desde el 11 de marzo, con atentados incendiarios que destruyeron un centro turístico en las cercanías de Curacautín, maquinaria y camiones en Curanilahue, y ataques con armas a instalaciones policiales, sino que han aumentado desde que cesó la medida constitucional. Por ello, las palabras del seremi de Gobierno del Biobío resultan extemporáneas, al señalar que “lo que se está implementado en términos de estrategia, investigación y acción preventiva está teniendo los primeros resultados”. Si bien es poco el tiempo trascurrido desde que asumió el gobierno actual, y menos aún desde el cese del estado de emergencia, lo que se observa hasta ahora en la Macrozona Sur demanda de mayores y más urgentes acciones para poder revertir la sentencia de ciudadanos, representantes políticos, dirigentes gremiales y autoridades de la región de sentirse abandonados y enfrentando una ausencia del estado de derecho.

Las usurpaciones de terrenos, amenazas, incendios de siembras, robos de animales, robo de madera, cortes de caminos, cobro de peajes en los mismos o exigencias en cuotas de producción no es una condición que permita el desarrollo normal de una región especialmente agrícola. Una situación que adquiere especial relevancia tratándose de aquella zona que presenta los peores índices de pobreza.

Corresponde al Estado no solo buscar los mejores mecanismos para alcanzar la paz y resolver las demandas de las comunidades mapuches, sino garantizar la seguridad personal de todos y resguardar el orden que permita el adecuado desenvolvimiento de las actividades en la región. Una solución que se construye en el largo plazo, pero que requiere de medidas inmediatas, y tal como lo reconoce la Tercera Sala de la Corte Suprema en un fallo de esta semana por un recurso interpuesto por víctimas y entidades gremiales de la Macrozona Sur -aun cuando es una causa que viene de la administración anterior- “las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos”.

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