Preocupantes señales tras incidentes en Panguipulli

El control de identidad practicado por Carabineros de Panguipulli a un malabarista callejero, y que terminó con la muerte del joven, provocó natural consternación en la ciudadanía, para luego dar paso a violentas manifestaciones de grupos radicalizados, provocando la quema y destrucción total de la municipalidad, además de otros establecimientos públicos, incidentes que también se repitieron en otros puntos del país.

Es evidente que un suceso que reviste tan graves implicancias como la muerte de una persona debe ser investigado en todos sus detalles, procurando esclarecer si se configuran elementos propios de una legítima defensa, o bien si hubo un proceder temerario, con uso ilegítimo de la fuerza.

Las escenas de violencia extrema que se desataron a partir de este caso se alejan completamente del ánimo de permitir que el Estado de Derecho actúe y se haga justicia en este caso. La quema de edificios públicos y el vandalismo trajo a la memoria las peores imágenes tras el estallido social -que tanto daño hicieron al país, generando una inestabilidad institucional de tal magnitud que obligó a un gran acuerdo político de emergencia-, dando cuenta de que la violencia sigue estando latente y es un fenómeno que por lo visto seguirá aflorando cada vez que sus impulsores encuentren pretexto para ello.

En este marco, resulta especialmente preocupante que algunos políticos y parlamentarios de oposición, sin esperar pronunciamiento alguno de los tribunales, hayan contribuido de manera irresponsable a exacerbar los ánimos y dar por acreditados hechos que están en plena investigación, lo que ciertamente se aparta de un actuar apegado a los fundamentos del estado de derecho. El caso más ominoso corrió por cuenta de una diputada y presidenta del partido Revolución Democrática, quien a través de sus redes sociales difundió que “en Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”. Esta abierta justificación a la violencia es incompatible con quien detenta responsabilidades parlamentarias, al ignorar de esta forma el apego a la ley y a formas civilizadas de resolver las contingencias que enfrenta la sociedad. Lejos de rectificarse, la parlamentaria ironizó con que lo que cabía lamentar era que con sus dichos había dado “material a la extrema derecha para que desvíen el foco de lo importante”, sin comprender las implicancias de lo aquí está en juego, constituyendo un evidente abandono de sus obligaciones como diputada de la República.

El afloramiento de la violencia y exacerbación va en la dirección totalmente contraria del pacto político alcanzado en noviembre de 2019, y que dio paso al proceso constituyente luego de que así lo resolviera la ciudadanía por abrumadora mayoría en las urnas. Dicho acto constituyó un potente llamado a privilegiar las vías pacíficas e institucionales como modo de procesar las diferencias, y es imprescindible que todos los actores con responsabilidades políticas y de gobierno procuren cumplir con este mandato. La ausencia de condenas tajantes a la violencia constituye una desalentadora señal, sugiriendo que todavía hay sectores que no logran hacer un distingo entre la protesta pacífica y la violencia.

Todo lo anterior no debe hacer perder de vista que el actuar de Carabineros ha estado bajo fuerte cuestionamiento en el último tiempo, llevando a que se multipliquen voces pidiendo profundas reformas en su quehacer, o llamando a su refundación, esto último solicitado incluso por una ministra de Estado, lo que motivó una rectificación del gobierno. Más allá de lo que la justicia resuelva en el caso particular de Panguipulli, es un hecho que desde hace un tiempo se ha producido un quiebre profundo de la confianza de parte de la sociedad con Carabineros -en buena medida motivado por los millonarios desfalcos, los casos Huracán y Catrillanca, además de algunas cuestionables actuaciones del control del orden público durante el momento más álgido del estallido-, y ello debe ser asumido como una tarea ineludible de abordar. Sin que ello se corrija, todo el actuar en el control del orden público -aun cuando sea legal y legítimo- arriesga caer en el descrédito y será resistido.

El gobierno y el Congreso no deben seguir postergando la discusión sobre la batería de reformas que se han presentado con el ánimo de reformar la institución, especialmente en el reforzamiento de la formación en derechos humanos, y en el mayor control civil que debe existir en el control de las tareas que realiza Carabineros, cuyo rol sigue siendo fundamental.