Presupuesto 2020: expectativa vs. realidad

El gobierno acaba de anunciar el contenido de su penúltimo proyecto de ley de presupuesto para el año 2020, el último que se discutirá, además, en ausencia del ciclo electoral. Este es un evento que no solo reviste señales económicas importantes, sino que también, para un gobierno que hizo de su principal promesa el crecimiento, es también una señal política de la mayor envergadura. En efecto, el sinceramiento de las cifras económicas, que establece la perspectiva de crecimiento en apenas un 2,5% (lejos de la expectativa original sobre 3%) no deja espacio para la duda, no será posible para esta administración cumplir con su principal compromiso. En tal escenario, la realidad indica que, de no mediar una reelaboración de su sello identitario, esta administración, aún en la eventualidad de lograr perpetuarse en un segundo gobierno de su coalición, no habrá hecho ninguna apuesta significativa que logre establecer una marca para este periodo.

Los énfasis del presupuesto, la correlación de fuerzas en el Congreso y el escenario en que se dará esta discusión tampoco vaticinan un proceso fluido. Ya es sabida la dificultad que ha tenido el gobierno para poder generar acuerdos al interior de una corporación donde no tiene mayoría, lo que le ha obligado a ir caso a caso, a ratos con buenos resultados, en otros de manera errática, a generar pequeñas victorias y otras tantas peleas en su agenda legislativa. Tratándose de un proyecto de presupuesto que contiene partidas complejas, no es claro que la cosa se venga fácil.

Es necesario pensar que todo el debate presupuestario se dará en medio de dos coyunturas que efectivamente pueden enredar sobremanera la discusión, como es el proceso de acusación constitucional contra la titular de educación, que inevitablemente tensará los ánimos y el clima en el Congreso. Asimismo, otro tanto ocurrirá con la discusión sobre el sistema previsional, cuyo debate ha tenido en los últimos días un giro a propósito del recurso presentado por una profesora de Antofagasta para que la AFP le entregue la plata que ahorró durante su vida laboral para pagar su crédito hipotecario, y la posterior acogida del Tribunal Constitucional a este recurso que venía de la Corte de Apelaciones.

Lo anterior requerirá una decisión clara del gobierno de cómo enfrentar esta discusión: ¿garrote o zanahoria?, ¿política de diálogo o de trinchera?, ¿búsqueda de acuerdos amplios o discurso al nicho electoral que le es propio? En esto la actual administración, a la fecha, ha sido errática, pero probablemente este sea un diseño que ya no resista mucho más.

Con todo, probablemente estemos ad portas de presenciar un cambio de estrategia, si es que existe suficiente conciencia respecto a lo crucial que puede ser para esta administración buscar navegar en aguas menos turbulentas, porque no tiene condiciones para enfrentar tormentas de envergadura. Así, en ese escenario también debe considerar algo no menor, como es que en octubre se cumple el plazo para que las autoridades que quieran competir en las elecciones municipales y de gobernadores regionales salgan del gabinete y de las altas esferas de gobierno. Tal vez esa sea la oportunidad de encontrar una nueva ruta, ante el silencio de una oposición que debiera articular mejor su capacidad de alzar su silenciada voz.