Prevenciones en proyecto pro consumidor

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Ayer la Comisión de Economía del Senado analizó en profundidad el denominado proyecto pro consumidor, iniciativa originada durante la gestión del anterior ministro de Economía.

Las ideas matrices del proyecto de ley intentaban corregir algunos aspectos que contribuyeran a hacerle la vida más fácil al consumidor, como la posibilidad de terminar a distancia con un servicio contratado, modificación de la regulación del derecho a retracto para compras en línea, libre elección del consumidor entre la garantía legal y la voluntaria, modificación en materia de deberes de información en caso de denegación de embarque de pasajeros por sobreventa (overbooking) e incumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de las aerolíneas y la implementación de la receta médica electrónica mediante la creación de la Central Electrónica de Recetas.

Más allá de las complejidades técnicas de algunas de estas medidas, el espíritu del proyecto está bien encaminado y los senadores de la comisión dedicaron una larga jornada a escuchar a todos los afectados con estas disposiciones. Sin embargo, en el transcurso de la discusión han surgido aristas que, equivocando el camino, terminan por perjudicar a los consumidores más que beneficiarlos. Una de ellas es la indicación que prohíbe los descuentos exclusivos asociados a un medio de pago, iniciativa que fue rechazada dos veces por la comisión de Economía de la Cámara y que se aprobó a última hora en la sala. Las promociones que realizan las empresas del comercio son parte de la dura competencia que enfrenta el mercado y los principales beneficiados son precisamente los consumidores. Es por esta razón que las propias asociaciones de consumidores y expertos en derecho de consumo se han manifestado en contra de avanzar con una indicación como la propuesta porque perciben sus efectos nocivos sobre la competencia y los propios clientes.

Por sobre las consideraciones puntuales que se derivan de la discusión de cualquier iniciativa legal es importante evitar caer en denominar cualquier conducta de mercado o restricciones que impone la propia ley como abusos por parte de los proveedores. Hay múltiples ejemplos de acciones por parte de las empresas que son en la práctica exigencias legales y que ante el desconocimiento son calificadas en forma simplista como abusos. Una de ellas es la portabilidad de los productos financieros -situación que recién está siendo abordada por un proyecto de ley-, que ante los ojos del consumidor aparece un proceso burocrático, lento y costoso, cuando justamente es en cumplimiento de la exigencia legal vigente que las empresas deben respetar estos procedimientos. Otro ejemplo es el estado de cuenta de productos financieros -como las tarjetas de crédito- que para muchos consumidores resulta engorroso y difícil de entender, pero es precisamente el diseño que definió la autoridad.

Hay diversas iniciativas que aparecen beneficiando a los consumidores, pero que a la larga han terminado afectándolos negativamente, tal como ocurrió con la tasa máxima convencional, que dejó a muchos fuera del crédito formal. De allí la importancia que tanto el Ejecutivo como los parlamentarios sepan resistir las presiones populistas.

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