Primer test

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La futura ministra de la Segebob, Cecilia Pérez, encabezará el proyecto de ley de identidad de género.


En estas semanas iniciales, la búsqueda de acuerdos con la oposición se instaló como una de las credenciales del nuevo gobierno; un imperativo inserto en el desafío todavía mayor de la "unidad nacional", eventual antídoto contra la tendencia polarizadora que la política exhibe en el último tiempo. En efecto, generar entendimientos tiene "buena presentación" ante la opinión pública, pero en realidad supone una tarea nada sencilla: tener muy bien afinadas las iniciativas propias, saber qué es imperativo mantener para que un proyecto no pierda al final su sentido y utilidad y, por último, poseer una estrategia de negociación que acote al máximo el espacio para los disensos insalvables.

Estos elementos y condiciones se van aponer a prueba a partir del próximo 2 de abril, cuando la iniciativa sobre identidad de género presentada por la anterior administración y respaldada por la actual, tenga su primera prueba de fuego en la respectiva comisión mixta del Congreso. Un tema emblemático, que adquirió una resonancia pública especial luego del Oscar a "la mujer fantástica", pero en el cual se ha instalado una línea aparentemente intransable para la directiva de la UDI: el cambio de sexo registral en los menores de edad.

El tema es complejo porque supone discutir sobre los límites de la autonomía individual en una etapa temprana de la vida, donde el criterio no está todavía plenamente formado y en un aspecto tan esencial para definir la personalidad como es la identidad de género. Desde el punto de vista bioético y psicológico existen en el universo de los especialistas diferencias de fondo respecto a cómo abordar este desafío. Pero el dilema que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera es político: un segmento no menor del bloque gobernante respalda la idea de establecer una autonomía condicionada a los menores de edad en esta materia; sin embargo, de prosperar dicha opción la directiva del gremialismo ha anunciado ya su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional.

Así las cosas, este desacuerdo en un tema particularmente sensible, va camino a transformarse en un anticipado laboratorio sobre las capacidades del gobierno -del Presidente y su equipo político- para generar acuerdos en temas delicados, que además suponen una tensión obvia entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Lo interesante es que el disenso instalado en esta materia no pasa por la oposición sino que cruza al propio oficialismo, por lo que la manera de abordarlo sentará un precedente para los esfuerzos que se hagan después en la búsqueda de entendimientos con otros sectores.

En definitiva, en el trámite de este proyecto, y particularmente en la forma cómo se resuelva el desacuerdo sobre la esfera de autonomía y decisión de los menores, quedará plasmada la primera gran prueba del nuevo equipo ministerial, su capacidad de negociación, de ordenamiento de fuerzas y disciplina política. También va a ser un buen anticipo respecto a cuánto pesa y cómo se ejerce la autoridad presidencial al interior de su propia coalición.

Un gobierno que al final de día no pudo o no supo resolver su primer disenso interno, difícilmente podrá después ofrecer voluntad y capacidad de acuerdo a sus opositores.

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