Prioridades y estrategia

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Sebastián Piñera ayer, durante su primer día de trabajo en La Moneda. Foto: Andrés Pérez



Tiene razón la derecha al mirar con entusiasmo y optimismo la segunda administración del Presidente Piñera. Su triunfo electoral fue masivo; dispone de un equipo de gobierno de buen nivel; la coyuntura económica se ve favorable y la oposición pasa por uno de los períodos más difíciles de su historia, aún cuando controla las dos ramas del Poder Legislativo. No obstante, la prudencia es hoy una buena consejera, pues aparecen en el horizonte una multiplicidad de problemas y dificultades estratégicas.

Hay un problema con las prioridades. El nuevo Presidente ha anunciado que impulsará cinco acuerdos nacionales, en torno a la infancia; la seguridad ciudadana, la salud, el desarrollo y la paz en la Araucanía. Si bien es cierto, que es indispensable avanzar en esos campos es ingenuo pensar que no se ha podido hacerlo sólo por dejación o incompetencia. Cada uno de esos temas, urgentes e importantes sin duda, involucra dificultades. La seguridad ciudadana implica resolver problemas como las crisis de carabineros; la inserción en la población del crimen organizado y el más reciente conflicto entre el ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional para mencionar solo algunos. En el caso de la salud pública se enfrentan problemas relacionados con la disponibilidad de recursos, problemas de gestión y las relaciones con el inmenso mundo que representan los trabajadores del sector y sus múltiples organizaciones. A ello se suman las diferencias de visiones para reformar la salud privada. Respecto de la paz en La Araucanía, el desarrollo y la infancia se podrían señalar cuestiones similares e incluso más complejas.

Si se considera, además, el posible cuestionamiento en el Tribunal Constitucional de la Ley de Educación Superior; que Hacienda ha anunciado el envío de una reforma tributaria con el objetivo de reducir el impuesto de Primera Categoría de 27 a 25% que favorece sólo a las más grandes empresas del país y que se ha reiterado la decisión de reformar la reforma laboral, se enfrenta un problema grave de inconsistencia estratégica: no se puede construir simultáneamente pactos nacionales y al mismo tiempo impulsar una guerrilla contra las acciones más preciadas de la anterior administración. Más aún, cuando el tercero en discordia, el Frente Amplio, considera que en estas reformas no se avanzó todo lo necesario.

El ministro Blumel, al referirse a otra prioridad, la modernización del Estado ha indicado que es necesario una visión compartida y resolver los problemas de gobernanza. Ambos elementos son también indispensables para emprender cualquiera de los pactos nacionales indicados. No está claro cómo se puede alcanzar lo primero cuando el gobierno incluye en diferentes instancias personeros altamente ideologizados. En cuanto a lo segundo, si va a ser difícil lograr un unificar la dirección de la modernización del Estado entre la Presidencia, el ministerio de Hacienda y la Segpres, más aún lo será cuando se llame a la mesa a las organizaciones del sector público, actores claves para asegurar la viabilidad de cualquier intento de cambio en la Administración del Estado; más lo será resolver estos dos problemas para impulsar los cinco pactos nacionales indicados.

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