Proceso constituyente bien informado

Es positivo que se haya elaborado un protocolo sanitario para el plebiscito, pero siguen abiertas interrogantes sobre el financiamiento de campañas y el costo fiscal de todo el proceso.



Es positivo que tanto el gobierno como el Servicio Electoral hayan despejado en los últimos días una serie de dudas que rondaban en torno al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, considerando las especiales condiciones sanitarias en que dicho evento tendrá lugar. Es así como ya se definió que el acto electoral será en un solo día, pero se ampliará el horario de funcionamiento de los locales de votación, estableciéndose además la prohibición de actos masivos, sean éstos públicos o privados. Asimismo, se concordó un estricto protocolo sanitario dentro de los locales de votación, si bien restan algunos aspectos importantes por dilucidar, entre ellos de qué forma podrán votar aquellas personas que en ese momento estén contagiadas por el virus. 

El gobierno, por su parte, ha instruido a los ministerios responsables que aseguren todo lo necesario para garantizar la impecabilidad del proceso. También se ha constituido una mesa técnica para evaluar dotar de facultades extraordinarias al Servel tal que pueda dictaminar con expedición aquellas normativas necesarias en todo el proceso.

Sin embargo, persiste aún un vacío en relación con el financiamiento de las campañas del “Apruebo” y el “Rechazo”, pues por tratarse de alternativas en que no compiten candidatos sino opciones, no les serán aplicables los límites de gasto electoral establecidas para el resto de las elecciones. Este punto debe ser despejado con prontitud, habida cuenta de la inminencia de los plazos. Según ha trascendido, la fórmula que estaría en estudio consistiría en transparentar las fuentes de financiamiento, pero sin establecer límites de gasto. Es lamentable que a pesar de que dicho vacío ha sido advertido desde hace meses, aún no se haya legislado al respecto.

Con todo, parece necesario ampliar el horizonte de la discusión, pues si en definitiva la ciudadanía opta por embarcarse en un proceso constituyente, se abrirá un nuevo escenario que no parece haber sido bien sensibilizado, en particular en lo referido a los costos que tendría la elaboración de un nuevo texto constitucional, así como evaluar con seriedad si las actuales restricciones al gasto en campañas electorales incentivan a que se postulen como constituyentes figuras de reconocido peso intelectual o político, o si en cambio favorecerán a candidatos “mediáticos” o aquellos incumbentes que normalmente ya cuentan con maquinarias electorales a su favor. Tan importante como asegurar que el plebiscito se lleve a cabo en las condiciones más justas y seguras posibles, es velar para que el proceso que pudiera seguir a continuación rinda los frutos que la ciudadanía espera.

En un escenario de suma estrechez de recursos fiscales no es baladí que desde ya los costos del proceso se transparenten al detalle. Se han hecho estimaciones que proyectan que el costo de las asignaciones de los constituyentes, traslados y uso de infraestructura podría rondar los $2.700 millones por año. Pero no sería imaginable que una decisión de tanta trascendencia como dictar un nuevo texto constitucional, no cuente con el soporte de asesorías -nacionales o internacionales-, las que podrían elevar sustancialmente los costos. Todo ello debe ir siendo internalizado desde ya, pues es parte de un proceso informado.

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