Promisoria reforma al sistema Fonasa

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Sucursal de Fonasa en el centro de Santiago.



La reciente propuesta de reforma a la salud pública presentada por el gobierno define un Plan de Salud Universal (PSU) consistente en un conjunto de prestaciones de salud, tiempos máximos de acceso y aportes financieros que garanticen una cobertura amplia y oportuna para la atención de salud en el Estado. También se considera un seguro de medicamentos, para reducir el costo para los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de acceder a medicamentos genéricos de uso ambulatorio definidos en una "Canasta de Medicamentos del Seguro".

El Fonasa pasaría a ser la entidad que asegura el buen cumplimiento del PSU, con capacidades que le permitan organizar una red de prestadores de servicios de salud, financiarla, y controlarla en el cumplimiento adecuado de los estándares de calidad, oportunidad y accesibilidad de las prestaciones. La red de prestadores de servicios estaría constituida por los actuales servicios de salud, y otros prestadores que definiría el Fondo Nacional de Salud a través de convenios específicos. Al menos inicialmente, las tarifas aplicadas a convenios con entidades privadas serían inferiores a lo que se cancelaría a los prestadores públicos.

Los actuales beneficiarios de Fonasa podrían acceder al PSU con grados de subsidio diferenciados según nivel de ingresos, desde la gratuidad, para quienes tienen ingresos muy bajos, hasta 80% en el caso de ingresos más elevados.

De concretarse esta reforma habría avances muy significativos. Desde luego, más eficiencia, si una gestión más fina en la nueva estructura de Fonasa permitiera entregar una mayor fracción de los recursos que perciben los servicios de salud a través de contratos por prestaciones. También, un Fonasa con más capacidades para inducir competencia entre prestadores públicos y privados, permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos. Si la entidad pública pudiese evolucionar hacia ser este asegurador de salud, estaría en condiciones de ampliar su radio de acción para, eventualmente, ir integrando, competitivamente, en un mismo seguro universal de salud, lo que hoy día está segmentado entre Fonasa e Isapres, con la eficiencia que deriva de la participación de prestadores privados en competencia, y posibilitando avanzar hacia tarifas menos diferenciadas que las existentes en las Isapres.

Un inmediato salto en eficiencia resultaría del traspaso a Fonasa de la facultad que hoy tienen los servicios de salud de subcontratar directamente sociedades médicas para externalizar prestaciones, al eliminar el conflicto de interés que representa el que los funcionarios del servicio que negocia sean parte de la sociedad médica que se contrata.

En definitiva, el proyecto del Ejecutivo permite esperar mayor eficiencia y mejores controles, y apunta a sentar las bases para unificar en un solo sistema lo que hoy está segregado entre el sistema público y privado. Posiblemente, sin embargo, vaya a enfrentar la histórica oposición de quienes, más allá de consideraciones de eficiencia, solo conciben una estructura enteramente estatal y no competitiva para organizar la salud en Chile.

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