Propuesta de reforma previsional

La reforma presentada por el gobierno opta por validar parcialmente mecanismos regresivos para mejorar las pensiones.



La pugna desatada por la propuesta de reforma previsional del gobierno ilustra la grave incapacidad para avanzar en políticas públicas eficientes en que se encuentra el país. La centroizquierda parece estar privilegiando el que los avances legislativos puedan ser presentados como logros progresistas, aun si su efecto es regresivo. El oficialismo, tratando de concretar reformas en este ambiente, opta por validar parcialmente propuestas que representan un retroceso para nuestra institucionalidad económico social.

El país ha evolucionado hacia la noción de pensiones mínimas de vejez de mejor nivel y mayor apoyo estatal complementario a los esfuerzos privados en el caso de pensiones bajas. La reciente propuesta del gobierno da un paso muy importante en esta dirección, fijando mínimos en la línea de pobreza para las pensiones básicas solidarias (PBS) y el equivalente a un salario mínimo para quienes han cotizado un mínimo de años, junto a una fuerte extensión del Pilar Solidario para cubrir nuevos sectores poblacionales. La propuesta es contundente, de aplicación inmediata, enteramente en línea con lo que se entiende son los nuevos objetivos nacionales en materia de pensiones.

Las diferencias entre oficialismo y oposición han estado en torno al financiamiento de estos nuevos beneficios previsionales y el espacio que se deja para que los trabajadores, con su esfuerzo, puedan construir una pensión que supere los mínimos garantizados por el Estado.

La centroizquierda, buscando un sello progresista y “de reparto”, postula que las cotizaciones previsionales se incrementen en 6% y que esta recaudación vaya por completo a un fondo “solidario” que financie el mejoramiento deseado de pensiones, como lo aprobó la oposición en la Comisión de Trabajo del Senado. No puede escaparse a sus analistas que, para los trabajadores cuyo único ingreso deriva de su trabajo, este 6% de cotizaciones adicionales, que reducirá su sueldo líquido en un porcentaje similar, tendrá un efecto más severo sobre su capacidad de consumo que un alza de 6% en la tasa de IVA que, por cierto, recaudaría más que el alza en cotizaciones. Se ha advertido que este “impuesto previsional” de 6%, que llevaría el total de cotizaciones por sobre el 30% de los salarios brutos, resultaría en mayor informalidad que reduce la recaudación potencial de la medida, e incrementaría la fracción de los trabajadores que, no habiendo podido destinar el alza de cotizaciones a mejorar por sí mismos su pensión, requerirían apoyo estatal complementario, todo lo cual dañará severamente las finanzas públicas.

El gobierno al aceptar que 3% del alza de 6% en las cotizaciones tome el carácter de un “impuesto previsional” valida parcialmente la inclinación opositora. Al parecer con poca expectativa de encontrar apoyo para su propuesta optó por descansar en la existencia de ingresos fiscales transitorios o que derivan de una eventual recuperación más rápida de la economía, en vez de plantear derechamente una propuesta de financiamiento para los nuevos compromisos previsionales de largo plazo que muestre, por comparación, cuan regresiva y riesgosa para las finanzas fiscales es la propuesta de “impuesto previsional” que busca imponer la oposición.

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