Propuestas para modernizar la política



Entre la batería de anuncios que hizo el Presidente de la República para enfrentar la delicada situación por la que atraviesa el país, llamaron la atención aquellos que buscan reducir la dieta parlamentaria, la disminución del número de parlamentarios y la adecuación de las rentas de la alta administración pública. Adicionalmente, el gobierno anunció que este conjunto de propuestas será complementado con un proyecto para disminuir la remuneración de los ministros de Estado.

Los aspectos que están involucrados en cada una de estas reformas son profundos, y ciertamente habría sido mejor discutirlos en un contexto de mayor calma. Pero atendidas las dificultades que han existido para avanzar antes en estas iniciativas -fundamentalmente por falta de voluntad de los propios parlamentarios, pues ya existen proyectos presentados en esta dirección-, la presión obligará a que el Congreso deba finalmente pronunciarse.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ante el clima de presión, resolvió refundir seis proyectos que proponen reducir la dieta, y aprobó otros dos que reducen el número de parlamentarios. La actual dieta, equivalente de acuerdo con la Constitución a la remuneración que recibe un ministro de Estado, se ubica actualmente sobre los $ 9 millones bruto, equivalente a 30 veces el salario mínimo vigente en Chile, sin que se adviertan razones para justificar un nivel tan elevado.

Hay un debate abierto sobre cuál debería ser el monto apropiado; uno de los proyectos establece como límite 20 veces el salario mínimo; otras ideas han sugerido que, más que atarse a un monto determinado, debería establecerse una remuneración base mucho más baja y ello complementarlo con componentes variables. Cualquiera sea la fórmula por la que se opte, el resultado final debe ser un gesto creíble.

Pero si se trata de dar una señal de auténtica austeridad, este esfuerzo estaría incompleto si no se revisara el actual mecanismo de asignaciones parlamentarias, monto adicional a la dieta que se destina para cubrir distintos gastos asociados al trabajo parlamentario. Para el caso de los senadores, dicho monto llega a unos $23 millones mensuales, mientras que para los diputados alcanza a unos $ 11 millones por mes. El uso que se da a dichos fondos, muchas veces utilizado para financiar cuestiones proselitistas, demanda una reducción sustantiva, o bien potenciar un sistema centralizado de asesorías.

La reforma que terminó con el sistema binominal y creó un sistema proporcional "inclusivo" aumentó sustancialmente el número de parlamentarios. Se justificó con ello la necesidad de incluir mayor representatividad política y geográfica; aun cuando tal reforma lleva poco tiempo en ejecución, no parece haber encontrado mayor acogida entre la ciudadanía, y la mayor diversidad no se ha traducido en beneficios cualitativos evidentes respecto de la calidad del debate legislativo.

Un aspecto que puede contribuir decididamente a renovar la calidad de nuestra política es colocar limitaciones a la reelección parlamentaria, lo que ayudaría a desincentivar la práctica de perpetuarse en cargos y permitir una renovación de caras.

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