SEÑOR DIRECTOR
Manifestamos nuestra preocupación por el rechazo al proyecto de ley presentado al Congreso Nacional por el Ejecutivo para paliar los eventuales efectos que el Covid-19 puede tener en la población penal. El proyecto de ley del Ministerio de Justicia busca conceder indulto general conmutativo a parte de la población penal privada de libertad que ha cometido delitos de baja peligrosidad.
La posibilidad de trasladar a imputados y condenados por delitos menores a sus domicilios para evitar contagios, no solo atiende a razones humanitarias en una situación extraordinaria de pandemia, también es una medida de seguridad para la sociedad, colaborando a “aplanar” la curva de contagio.
Si consideramos el hacinamiento de la población penal, esta medida resulta indispensable.
De acuerdo a nuestra legislación, el Estado es garante de la integridad y seguridad de la población penal. Si llegaran a ocurrir desgracias en vidas humanas, el Estado de Chile puede ser sancionado de acuerdo al Derecho Internacional.
Esperamos que el veto aditivo anunciado por el Presidente sea aprobado en el Congreso Nacional a la brevedad.
Soledad Alvear
Clemente Pérez
Zarko Luksic
Juan Pablo Glasinovic
Gutenberg Martínez
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