Opinión

Proyecto sobre fraudes en tarjetas


La Comisión de Economía de la Cámara aprobó de manera unánime en enero modificaciones consensuadas con el Ejecutivo que recogen parte de las observaciones realizadas por el mundo financiero y los reguladores (como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), en el contexto del proyecto que responsabiliza a la banca ante fraude de tarjetas. Entre las indicaciones figuraban la inclusión de nuevos medios de pago (como tarjeta de prepago) y tarjeta ausente (fraudes por internet); aviso del cliente puede ser hasta 30 días después de que recibe la carta (y no 90 días como lo hacía el proyecto original); la ausencia de un seguro, pero permitiendo que el banco puede cobrar deducible de 0,5 UF; y con respecto a la devolución del dinero, siempre se devuelve “provisoriamente” y el banco debe ir a la justicia si estima que no hubo fraude.

Las mencionadas indicaciones buscaban corregir el proyecto original que, sin estas indicaciones, generaba a todas luces espacios de incertidumbre en el mercado financiero y era desequilibrado en favor de una de las partes. La introducción de las indicaciones constituían una señal positiva en favor de buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y evitar riesgos en el mercado financiero. Sin embargo, tras la polémica generada en el mundo político con estos cambios, el Ejecutivo decidió cambiarle la urgencia al proyecto, y los mismos integrantes de la Comisión de Economía volvieron a votar y eliminaron gran parte de las indicaciones. Terminaron con el deducible de 0,5 UF y retiraron la palabra provisional respecto de los fondos que el banco restituya a los clientes.
El zigzagueante comportamiento de los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados es, por decir lo menos, llamativo, tanto en el fondo como en la forma. De forma, pues las alternativas posibles que expliquen este errático actuar de los parlamentarios no son favorables: o votaron indicaciones sin entenderlas ni revisarlas, o bien cambian de opinión por la presión externa. Cualquiera de las dos causas sea la correcta, resulta preocupante.

Respecto del fondo, no es técnicamente relevante quién pague el deducible, no obstante preocupa que no hayan quedado establecidos los incentivos correctos, para que los usuarios de los plásticos adopten las precauciones mínimas necesarias para evitar fraudes. Tanto los bancos como los clientes deben hacerse responsables. Los primeros deberán realizar las inversiones para disminuir el riesgo en su infraestructura, mientras los segundos proteger sus datos.

Cuando los incentivos no están bien orientados, generalmente se termina afectando precisamente a quien se pretende beneficiar. Ejemplos con proyectos de ley en el ámbito financiero existen varios, el más claro es lo sucedido con la disminución de la tasa máxima convencional. El objetivo era que las personas de mayor riesgo no estuvieran expuestas a tasas de interés elevadas. El resultado fue que parte relevante quedó fuera del sistema bancario.

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