¿Qué acuerdo nacional?

Una serie de hechos están dejando en evidencia dificultades institucionales significativas: crisis en Carabineros y en las FF.AA., hechos de violencia, crisis de legitimidad del Tribunal Constitucional, desafección ciudadana respecto del Poder Legislativo y los partidos políticos. En el campo económico, más allá de las palabras, lo cierto es que en el segundo semestre, el Imacec en 12 meses se ha estancado en torno al 3%. Son variados los llamados en favor de un consenso para superar estos problemas. El más reciente, el del expresidente Ricardo Lagos.

Los problemas indicados son de primera importancia; también es cierto que son parte de un complejo más amplio de dificultades, que incluyen lo que se ha llamado la sala de máquinas del sistema constitucional (los mecanismos de toma de decisiones en los grandes temas de la política pública) y los grandes temas económico-sociales (el actual sistema de pensiones y de salud, los mecanismos de financiamiento del Estado, las relaciones laborales y el rol del Estado en el desarrollo). Extrañamente, ni las comisiones organizadas por la actual administración, ni los llamados de otros actores a lograr un consenso, incluyen estos temas en un acuerdo nacional.

Ello queda en evidencia en que el gobierno ha enviado al Congreso una serie de iniciativas sobre estos temas, en cuyo debate prelegislativo no se han tomado en cuenta las visiones de la oposición. Ello no es extraño, pues el gobierno y su base social más poderosa insisten en propuestas que, si bien contienen guiños a otros sectores, sus líneas matrices responden a convicciones tradicionales. En el ámbito tributario, la preocupación gubernamental es reducir la carga tributaria de los más ricos mediante la reintegración del sistema (cuestión incluso que es considerada como insuficiente por el empresariado), y debilitar la capacidad fiscalizadora del SII.

Para la oposición, el desafío es más recaudación para financiar la creciente demanda de bienes públicos, mejorar la distribución del ingreso y fortalecer las capacidades del SII para combatir la evasión y elusión, que posibilita el complejo sistema de organización empresarial.

En previsión, el gobierno insiste en no tocar el sistema de AFP, negándose a construir un pilar público para todos sobre la base del aporte del empleador. En lo laboral, busca limitar aún más el poder sindical, para incidir en la gobernanza de una economía sometida a un violento cambio tecnológico.

Presionado por la ultraderecha de Kast y la UDI, y por el mundo empresarial, el gobierno no parece disponer de la capacidad política para avanzar en negociaciones efectivas, que transformen la retórica del acuerdo en realidades políticas.