Radical giro

28 de noviembre de 2021/SANTIAGO FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO




Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

El candidato Gabriel Boric ha llamado la atención de los medios y la opinión pública en los últimos días por sus rápidos cambios de posición pública -al menos a nivel discursivo- respecto a la tolerancia a las distintas formas de violencia en el país. Pero basta revisar algunos antecedentes, en el área de la educación, por ejemplo, para darse cuenta que este giro del candidato (¿y de su coalición también?) llega tarde.

Durante octubre de 2019, al menos 1.399 establecimientos educacionales permanecieron cerrados producto de la violencia que se vivía en las calles o, en otras palabras, no podían funcionar por situaciones de vandalismo totalmente ajenas al mundo educacional. En medio de este difícil escenario, la directiva del Colegio de Profesores convocó a un paro nacional, así el número de escuelas y jardines sin clases llegó a 3.035, lo que representa el 27% del país.

¿Cuánto afectó esto a los estudiantes? ¿Qué se habrá dejado de aprender? ¿Cuántos niños se quedaron sin poder acceder a la alimentación de JUNAEB? Uno oye la consigna de “liberar a los presos de la revuelta”, pero dado el reciente giro del candidato, sería bueno agregar “recuperemos los aprendizajes perdidos por la revuelta”. ¿Quizás una moción parlamentaria que obligue a los establecimientos y alcaldes que cerraron en octubre de 2019 a restituir a los estudiantes el derecho a la educación que les fue privado por la violencia política? Por ahora, solo indultos para los responsables de la violencia.

Respecto a lo que ocurre en La Araucanía, vale la pena repetir los datos. Durante 2020 y 2021, 17 escuelas y jardines fueron quemados hasta quedar inutilizables. Una vez más, la violencia política cercena el derecho a la educación de niños. Recientemente, un vehículo que llevaba profesores del Colegio Santa Rosa de Quechereguas en Ercilla fue atacado por personas armadas, en un hecho que todavía debe aclararse. Pero el senador Latorre, parte de la coalición del candidato, llamó a este tipo de hechos algo similar a “un portonazo” en Santiago. La comparación es peligrosa y el parlamentario -usualmente ponderado y reflexivo – debiera revisarla. En ambos hay daños a la propiedad, pero en el caso de las escuelas, la violencia tiene un peso simbólico distinto, vulnera el derecho humano a la educación y ataca directamente los derechos de menores de edad. Por eso es que, aun teniendo en cuenta la complejidad de la situación en la Macrozona sur, sorprende que el candidato de Apruebo Dignidad haya votado en contra de mantener el estado de excepción constitucional.

El programa presidencial en materia de educación de Gabriel Boric es rico en retórica y palabras atractivas, (“integral”, “creatividad”, “inclusivo”, “estimulante”), pero en nuestro país el derecho a la educación se afecta de forma mucho más prosaica y brutal, cuando grupos de interés cierran colegios por objetivos políticos (los paros del Colegio de Profesores son tradición anual; sin embargo, no olvidemos la negativa de alcaldes de todo color político a abrir sus colegios previo a las elecciones municipales durante la pandemia: una vergüenza nacional), y otro tantos queman escuelas y encañonan profesores. La radical voltereta del candidato quizás le traerá votos. Ojalá traiga una defensa concreta del derecho a la educación de los más débiles, cosa que por ahora no se ha visto.

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