Razones para no innovar hacia el parlamentarismo

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Un estudioso alemán dijo hace tiempo que si se quiere saber qué tipo de sistema político impera en un país, más allá de las definiciones y de las normas, hay que ver cómo es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ella estaría, entonces, el "meollo" del poder.

De cara al debate constitucional que ya se ha iniciado, me inclino por un régimen presidencial, es decir, por un sistema en que el Presidente de la República ejerza tanto la jefatura del Estado como la de gobierno.

La primera, para simbolizar la unidad de la nación en la conducción de las relaciones internacionales e internas. La segunda, para liderar la conducción de las políticas públicas en función de la satisfacción efectiva de las necesidades ciudadanas.

Las razones de mi opción son históricas, culturales y políticas. Y las explico en ese mismo orden.

Históricamente, Chile se organizó bajo un modelo de autoridad fuerte que permitió la estructuración y consolidación de una República independiente. El siglo XIX mostró grandes avances en los llamados gobiernos de los decenios y la crisis sobrevino cuando el Presidente no fue capaz de imponerse por sobre los partidos cobijados en el Congreso Nacional. Pero fueron las lecciones de historia las que una y otra vez (1925, 1990) nos hicieron volver la mirada hacia un líder potente que, desde la Presidencia, fuera capaz de concretar el programa de gobierno por el que había resultado electo, rindiendo cuenta a los ciudadanos más que a los partidos políticos que intentaban mantener sus propias cuotas de poder, por ejemplo, en la provisión de empleos públicos.

Desde el punto de vista cultural, Chile está inserto en un continente donde el modelo que ha primado es el del presidencialismo, no el del parlamentarismo. Ello puede interpretarse bajo la óptica de una clásica falta de consensos sobre temas básicos, cuya prueba es la recurrente tendencia de los nuevos gobiernos a dotarse de una nueva Constitución. No existen, por tanto, las condiciones culturales esenciales para que, en Chile como en el resto de América Latina, funcione un régimen parlamentario:

1) La existencia de no más de dos o tres partidos políticos que se alternen el poder en forma equilibrada.

2) La disciplina partidaria necesaria para evitar los caudillismos al interior de los partidos, así como la perpetuación de las mismas élites.

3) La compatibilidad entre cargos parlamentarios y de ministros de Estado que favorezca una relación constructiva y de confianza entre gobierno y Parlamento.

En la perspectiva política, todas las encuestas demuestran que el Congreso, como expresión de la democracia representativa, se encuentra muy desprestigiado a ojos del ciudadano común. De allí que se han reivindicado las formas de democracia semi-directa que favorecen la participación directa de la ciudadanía, y que hoy nos ponen ad portas de un plebiscito para decidir si cambiamos o no la Constitución.

La verdadera crisis por la que ha atravesado la democracia representativa no aconseja innovar confiando la dirección del gobierno a un parlamentario.

Chile es, por tradición, y creo que seguirá siéndolo, un sistema presidencial que no es lo mismo que un presidencialismo "vigorizado" que, seguramente, se irá también con la Carta de 1980.

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