Reactivación económica social y ambientalmente responsable



Por Sara Larraín, directora de Chile Sustentable

La semana pasada se dio a conocer a la opinión pública el Acuerdo Covid-19 “Marco de entendimiento para plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo”, el cual fue pregonado como una propuesta de reactivación económica con énfasis en la equidad y las inversiones verdes.

Lamentablemente, aunque la propuesta contiene importantes medidas para proveer ingresos temporales a las familias más vulnerables, lo cual celebramos, carece absolutamente de un enfoque verde, no hay priorización ni incentivos a inversiones ambientalmente sustentables, ni restauración ambiental o reducción de contaminación.

El acuerdo considera un Ingreso Familiar de Emergencia más alto que el inicialmente propuesto, que podrá ser recibido por la población más vulnerable y afectada por la pandemia.

Pero más allá de las medidas urgentes y esenciales para que la población carenciada pueda cuidarse y cuidar a sus familias en el contexto de la pandemia, es fundamental que el gobierno y los parlamentarios avancen en propuestas de reactivación que prioricen la protección social e ingresos dignos que permitan resolver la inequidad estructural que sufre el país y la degradación acelerada del patrimonio ambiental, las cuencas y territorios. En estas líneas de acción ya avanzan otros países en el resto del mundo.

Para enfrentar la depresión económica generada por el Covid-19 y el confinamiento, muchos países han fijado una opción de reactivación económica con altos estándares sociales y ambientales, que no solo apuntan a crear empleos y estimular la recuperación económica, sino también resolver problemas ambientales nacionales como la contaminación y deforestación, además de asumir desafíos globales como la extinción de especies y el calentamiento global, que también impactan gravemente a las poblaciones más vulnerables.

La Unión Europea por ejemplo planifico una transformación verde, proponiéndose como meta que el bloque de 27 miembros se convierta en el primer continente carbono neutral para 2050, iniciativa que Chile adoptó.

Acto seguido y tras la exigencia de Francia y Alemania por una reactivación ecológica, otros países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia, se sumaron a la propuesta de un Pacto Verde Europeo para responder a la crisis económica provocada por el coronavirus, con inversiones ambientalmente condicionadas para transformar a Europa en una economía sostenible y climáticamente neutra.

A modo de ejemplo, en esta línea, Inglaterra invertirá US$ 2.400 millones para promover que las personas caminen y usen más las bicicletas. En Asia, China construirá más de 78.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos, y Corea del Sur duplicará los incentivos a la energía solar, para masificar la instalación de sistemas solares en casas y edificios comerciales. Este es el camino que debe seguir Chile.

En esta misma línea, una amplia coalición de organizaciones ciudadanas y académicas lanzo el 4 de mayo pasado una propuesta de reactivación económica que incluye nueve medidas social y ambientalmente urgentes, entre las que cabe destacar: inversión pública verde en sistemas de agua potable y Saneamiento, en reacondicionamiento de viviendas de hogares vulnerables, en restauración ecológica de bosques y áreas degradadas (ya comprometas en la política climática), en el establecimiento de una industria nacional de valorización de residuos y en el potenciamiento de Economías sustentables locales; todas inversiones que son claves para superar el grave retraso social y ambiental que sufre el país. También propusimos incentivos a la inversión privada verde. Pero ninguna de estas propuestas fue considerada en el Acuerdo Covid-19 celebrado el pasado 14 de junio entre el gobierno y parte de la oposición.

Al contrario de ello, el acuerdo incluye propuestas para activar la inversión mediante la concesión de permisos fast-track, y aceleración de plazos para las evaluaciones de impacto ambiental. No transparentando que si hay retrasos no es porque la institucionalidad pública no esté cumpliendo sus plazos de respuesta, sino porque los titulares de los proyectos presenten proyectos fragmentados y con deficiente información.

El Acuerdo Covid-19 también incluye inversiones para la construcción de embalses para respaldar obras de regadío, pero esta medida de adaptación ha sido ampliamente cuestionada por órganos internacionales, pues no han aportado a resolver la crisis hídrica estructural, lo cual hoy es evidente. Hoy los embalses están al 24% de su capacidad y los caudales de los ríos tienen déficits de hasta 95%, demostrando que el problema a resolver no son los embalses, sino la gestión y distribución del agua.

Por esta razón es que la ciudadanía ha demandado al gobierno y a los partidos políticos formular una propuesta de reactivación económica social y ambientalmente responsable, que incluya reformas para mejorar las condiciones de empleo, previsión, salud, educación y vivienda; y al mismo tiempo focalizar las inversiones para abordar los críticos desafíos ambientales del país como son la inseguridad hídrica, la degradación de los ecosistemas y la continua externalización de costos ambientales que hacen más vulnerable a nuestro país ante la mega sequía y los cambios climáticos.

Una reactivación económica verde también requiere que el gobierno y el sector político reactiven la tarea legislativa respecto de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley de Protección de Glaciares, la Reforma al Código de Aguas , la Ley Marco de Cambio Climático y dotándolas de financiamiento público para su implementación. Sin reactivación verde, Chile no lograra una reactivación económica sostenible.

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