Rectores y Ley de Educación Superior

El gobierno convocó recientemente a un grupo de rectores para que lo asesoren en la implementación de la Ley de Educación Superior tramitada durante la anterior administración. Ante la preocupación por algunos de los cambios que ésta establece, y que pronto se avecinan, el objetivo será revisar y realizar recomendaciones tanto para la puesta en marcha de las nuevas normas, como para proponer eventuales modificaciones a la ley.

Es, desde luego, positivo que se genere una instancia como ésta, que permita al sistema y a las propias instituciones poder afrontar de mejor forma una reforma que introduce cambios sustantivos en su funcionamiento, así como también en el rol que ejercerá el Estado sobre ellas. En ese sentido, entre los aspectos que más preocupan está la creación de una Superintendencia, con amplias facultades fiscalizadoras, y de una Subsecretaría, que tendrá atribuciones directas sobre el sistema de admisión y la definición de los estándares que guiarán la acreditación obligatoria de la calidad, todo lo cual tiene el potencial de transgredir la autonomía de las instituciones de educación superior.

De igual forma, se han conocido los diversos problemas que está provocando la gratuidad que se introdujo en virtud de esta misma ley, producto de la merma de recursos que ya ha provocado a las instituciones participantes. Es de esperar que las conclusiones de esta comisión sean un insumo importante en el quehacer no solo del Ministerio de Educación y los organismos que se han creado al interior de éste, sino también del Parlamento.

Sería deseable que el trabajo de este comité asesor permita, a su vez, que los rectores lleven a cabo un proceso de importante autocrítica, considerando que las mismas preocupaciones que éstos han ido planteando en los últimos meses, fueron latamente identificadas y advertidas por diversos especialistas durante la tramitación de esta ley, la que de hecho demoró más de dos años en aprobarse. Quizás porque en su momento se centraron fundamentalmente en apoyar la gratuidad y los supuestos beneficios que ésta traería consigo -hoy cuestionados-, los rectores desaprovecharon la oportunidad de tener una postura crítica como la que están manifestando hoy, renunciando a influir sobre las materias en que había cuestionamientos significativos. Es posible que, dado el importante rol que tienen las instituciones de educación superior, y en ellas sus autoridades, de haber manifestado sus reproches antes, la ley podría haber salido de otra forma.

Con todo, cabe esperar ahora que este comité ayude no solo a mejorar la Ley de Educación Superior que se está implementando, sino también que permita a sus miembros tomar conciencia de la mirada integral que deben tener y de su responsabilidad en contribuir a rectificar un sistema que, de no ser corregido en profundidad, traerá consecuencias muy negativas en el sistema de educación superior, particularmente, en el debilitamiento de los estándares de calidad.