Reforma al sistema de selección universitaria

El sistema de admisión a las universidades del país tradicionalmente ha sido foco de atención por la relevancia que se le da en éste a una prueba estandarizada, hoy Prueba de Selección Universitaria (PSU), y por la forma como se hace cargo de las diferencias existentes en la calidad de la educación escolar del país. De igual manera, genera cuestionamientos que sistemas diferentes como la educación científico humanista y la técnica profesional sean evaluadas de la misma forma al enfrentar la selección para la educación superior universitaria.

Y existiendo una definición de la Ley de Educación Superior de que ésta “es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos”, plantea un importante desafío a las autoridades y actores del sistema educacional. Por tal razón es que los anuncios hechos por el subsecretario de Educación Superior de cambios al actual sistema, acordados entre el Ministerio de Educación y los rectores del Comité Técnico de Acceso a la Educación Universitaria, tras varios meses de trabajo y recogiendo la experiencia nacional e internacional, genera expectativas de que permitirá aumentar la equidad del sistema.

Poder reducir el número de preguntas o diferenciar las pruebas de matemáticas parece razonable atendida las exigencias de cada carrera, lo mismo que ampliar cupos por admisión especial puede responder a situaciones particulares de inequidad. Además, la posibilidad de bajar la ponderación de la futura prueba da una mayor flexibilidad en los criterios de admisión de las universidades. Sin embargo, es necesario anticiparse a que la mayor ponderación del NEM y del ranking no redunden en incentivos para el abultamiento de notas, con la intención engañosa de perfilar mejores rendimientos en la educación escolar.

Y si bien hay un proceso de gradualidad en su implementación, hasta la puesta en marcha del nuevo sistema en 2022, con una prueba de transición, lo que siempre es bienvenido, atendido el hecho de que hay estudiantes que estudiaron bajo el actual esquema, es fundamental la correcta evaluación de las competencias para desempeñarse en la educación superior, considerando la alta deserción existente -uno de cada tres durante el primer año-, y que solo el 16% de quienes ingresan a la universidad concluyen sus estudios en los tiempos formales, como señala la OCDE en su informe Education at a Glance de 2019.

Sin perjuicio de lo señalado, la prueba y las medidas que se tomen en torno a ella no pueden obviar las condiciones de desigualdad que enfrentan los menores en su educación preescolar y escolar, que es donde se deben focalizar esfuerzos y recursos para entregar un servicio de calidad, y que visto el retroceso en las evaluaciones de establecimientos emblemáticos de la educación pública plantean un desafío relevante en la nueva etapa que se está implementando de la desmunicipalización.