Reformas en proceso de evaluación ambiental

El gobierno presentó recientemente indicaciones al proyecto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Las modificaciones propuestas eliminan la participación ciudadana anticipada y las macrozonas -que ponían fin a las comisiones regionales-, manteniendo la supresión del Comité de Ministros. Además, el nuevo proyecto permitirá que cualquier declaración de impacto ambiental pueda tener un proceso de participación ciudadana -independiente de si generan cargas ambientales o no- siempre que cumpla el requisito de que al menos 20 personas naturales o dos organizaciones ciudadanas lo soliciten.

El sector privado hace tiempo estaba exigiendo perfeccionamientos al SEIA. La excesiva tramitación de los proyectos, cuyos plazos de aprobación se han ido elevando exponencialmente, y la incerteza jurídica que mantienen los titulares de proyectos que cuentan con todos los permisos ambientales vigentes, hacían necesario un proyecto que modernice la institucionalidad ambiental.

Es de esperar que las concesiones que ha debido hacer la autoridad para asegurar la tramitación del proyecto no diluyan sus efectos positivos. Ciertamente, la eliminación del Comité de Ministros es una buena señal para evitar la politización de proyectos de gran envergadura -tal como ocurrió en los casos de Hidroaysén y Dominga- y también es un avance que el proyecto establezca que los servicios que participan en la tramitación ambiental puedan opinar solo aspectos relacionados con su competencia. Sin embargo, existe el riesgo que la presión política se traslade a las comisiones regionales, las que, para evitarlo, deberán dar garantías de especialización técnica y elevados niveles de autonomía. La eliminación de la instancia recursiva administrativa y el hecho de circunscribir el proceso de reclamación en los tribunales ambientales, instancias técnicas especializadas y creadas con ese propósito, es un avance para garantizar una revisión técnica y despolitizada de las iniciativas de inversión y para una correcta evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Sin embargo, falta avanzar hacia una institucionalidad más robusta que permita que la fiscalización del cumplimiento ambiental sea totalmente autónoma del ciclo político como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la libre competencia, que cuenta con la Fiscalía Nacional Económica. Un diseño que se asemeje a dicha lógica probablemente favorecería miradas más técnicas y menos permeables a las presiones de grupos de interés o a consideraciones políticas.

El cuidado del medio ambiente es perfectamente compatible con el desarrollo económico, como bien lo han demostrado muchos países desarrollados. Es fundamental que visiones extremas con alta carga ideológica no sean las que terminen imponiendo sus términos, ya sea por la vía legislativa o mediante acciones obstruccionistas. El país debe ser capaz de garantizar que los proyectos que cumplan la normativa ambiental vigente podrán desarrollarse sin obstáculos y con total certeza jurídica.