Registro social de hogares: más acciones y menos palabras

Por Juan Carlos Gazmuri, abogado. Vecino de Independencia

Hace pocos días, y como parte del Acuerdo Nacional suscrito entre gobierno y oposición, se aprobó el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia. En el diseño de esta política, las autoridades depositaron su confianza en una herramienta central para focalizar la acción del Estado: el Registro Social de Hogares (antigua Ficha de Protección Social).

Pocas veces este instrumento había estado tan en el foco mediático como en estos momentos. Gestionado por los municipios en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, éste busca diagnosticar e identificar la realidad socioeconómica de los hogares que existen a lo largo y ancho de nuestro país.

Así, desde que la pandemia llegó a nuestro país, son muchos los alcaldes que transitan por los distintos matinales, jactándose de ser ellos –precisamente por ser quienes gestionan el Registro Social de Hogares- los que conocen de mejor manera la realidad de las familias de sus comunas. Uno de los panelistas recurrentes ha sido el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien airosa y efusivamente ha cuestionado el actuar del gobierno, exigiendo mayores recursos y atribuciones para los alcaldes, por ser ellos quienes “conocen verdaderamente la realidad de sus vecinos”.

Pero, ¿tienen realmente los alcaldes un conocimiento tan acabado de la realidad de los hogares de sus comunas? ¿Cómo han desempeñado realmente su labor de gestionar este instrumento de caracterización socioeconómica?

La realidad de Independencia, al menos, deja muchísimo que desear. Según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, más del 57% de la población comunal (más de 81.500 personas) no cuenta con Registro Social de Hogares. Estas cifras ubican a Independencia dentro de las peores comunas de la Región Metropolitana, y como la peor a nivel regional si se deja de lado a las comunas con baja prioridad social y cuyos vecinos no suelen depender de los beneficios del Estado.

Si estos números los ponemos en contraste con las comunas vecinas, la situación no se atenúa en lo absoluto, ya que Renca y Conchalí tienen más del 70% de su población con Registro Social de Hogares (76,9% y 73% respectivamente). De hecho, la cifra más indignante surge producto de esa comparación: si Independencia tuviese una cobertura semejante a la de estas comunas, más de 26.000 personas que no pudieron postular al Ingreso de Emergencia podrían haberlo hecho.

La pandemia, y su consecuente crisis económica, tampoco han hecho que la municipalidad haga esfuerzos por revertir estas cifras. Desde enero hasta mayo de este año la Municipalidad ha abierto la ridícula cifra de apenas 125 registros al mes.

Para quienes vivimos en Independencia, causa sorpresa ver a nuestro alcalde opinar permanentemente de la realidad nacional, al tiempo que se desatiende gravemente la realidad local. ¿Con qué autoridad se puede pretender aleccionar a otros respecto a cómo gobernar un país, si no se cumple con las labores que forman parte del gobierno de la comuna?

Lamentablemente, en Independencia la ayuda estatal no llegará a todos quienes les corresponde. Producto de la negligencia municipal el actuar del Estado encontrará una piedra de tope, un punto ciego, un eslabón perdido que le impedirá llegar al bolsillo de miles de vecinos. Si queremos la ayuda llegue, necesitamos más acciones y menos palabras.