Registro social de hogares y sus desafíos permanentes



Por Ignacio Irarrázaval, director Centro de Políticas Públicas UC

Recientemente se ha dado a conocer el aumento de más de un millón de nuevos hogares incorporados en el último año al Registro Social de Hogares (RSH), el cual procesa la data sobre los atributos socioeconómicos de la población y su nivel de acceso a programas sociales. Esto equivale a un 300% más respecto del año pasado, llegando a 6,5 millones de hogares chilenos en el RSH.

Sin duda, la existencia del RSH y su clasificación socioeconómica ha permitido un proceso más ordenado de acceso a los programas sociales creados o potenciados durante la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia y las distintas versiones de bonos Covid. Aun así, muchas familias en situación de vulnerabilidad reclaman, con justa razón, por una excesiva e incomprendida tramitación -que puede ser de hasta un mes-; que la información no está actualizada, y que los datos no están siempre disponibles.

Dada las condiciones extraordinarias de este año, se ha generado una significativa sobrecarga en el sistema, pero aun así se ha logrado avanzar en mejorar algunos procesos: eliminar documentos exigidos, aprobar automáticamente diversas solicitudes, y apoyo en la tramitación.

Es importante considerar que tanto el RSH como cualquier índice o instrumento de clasificación socioeconómica, estarán siempre sujetos a limitaciones en términos de la calidad de información y la capacidad predictiva de los modelos estadísticos usados. Su objetivo no es la perfección, sino contribuir a hacer un proceso más objetivo y transparente en el acceso a los programas sociales. La focalización es sinónimo de priorizar, lo cual es un reconocimiento explícito de las múltiples necesidades y los recursos escasos, por lo tanto, lo relevante es que estos criterios sean conocidos y objetivos.

Yendo algo más lejos, según información de Eurostat, se reporta que los países de la Unión Europea destinan en promedio alrededor de un 27% de su PIB en transferencias monetarias y apoyos en asistencia social. Todos los países de la unión utilizan con mayor o menor intensidad un test de medios o evaluación socioeconómica de los beneficiarios de sus programas sociales. En Dinamarca, más de un 35% del gasto en protección social está sujeto a una evaluación de medios, mientras que en Holanda e Inglaterra es alrededor de un 15%. El ordenamiento y prelación del acceso ocurre incluso en los países denominados como Estado Benefactor.

Los dispositivos de registro y priorización del acceso a programas sociales están aquí para acompañarnos por varios años más en la gestión de la política social. En este sentido, es positivo que el Ministerio de Desarrollo Social haya convocado nuevamente a un grupo de expertos para afinar la clasificación socioeconómica y hacer mejoras operativas en el RSH, una necesidad que es urgente.

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