Reglas del juego claras para la recuperación

Minería



Por Hermann González, Clapes UC

El año 2020 cerró con una caída del PIB de 6%, la mayor desde la crisis de inicios de la década de 1980. Esta caída se dio con un fuerte retroceso de la demanda interna privada, aunque mucho más concentrada en la inversión que en el consumo, que además de ser un componente del gasto menos volátil, moderó su caída debido a los efectos de las transferencias fiscales y los retiros de los fondos de pensiones. La inversión, en cambio, habría cerrado 2020 con una caída entre 12% y 13%, mientras que este año se estima que crecerá en torno a 7%, sin recuperar el retroceso del año previo. Por su parte, la inversión extranjera directa disminuyó casi 40% en 2020.

La mayor parte de las proyecciones apuntan a que este año será de recuperación económica y es importante que en este proceso la inversión juegue un rol primordial, porque esta suele estar acompañada de creación de empleos formales y porque, además, es esencial para recuperar la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. El Presupuesto 2021 contempla un fuerte impulso de la inversión pública y el gobierno está trabajando para acelerar su ejecución, lo que es bienvenido. Sin embargo, cerca del 80% de la inversión en nuestro país la realiza el sector privado y, por lo tanto, es el llamado a liderar este proceso.

En el Informe de Percepciones de Negocios del Banco Central de este mes, se destaca que cerca de 60% de las compañías no realizarán inversiones este año y dos de los principales argumentos para ello son la incertidumbre económica y política. En efecto, este es un año complejo para que las empresas se embarquen en grandes proyectos de inversión no solo por la pandemia, sino también porque se inicia un extenso debate constitucional que pondrá en discusión prácticamente todas las reglas del juego. A esto se suma el alto grado de polarización política, el aumento de la violencia y, además, el nutrido cronograma electoral, incluyendo las elecciones presidenciales de fin de año. Es decir, hay tantas cosas en juego que para muchas empresas parece razonable esperar a que se despeje el escenario antes de realizar inversiones y aumentar sus dotaciones. En el intertanto, el riesgo es que la caída de la inversión del año pasado tome mucho tiempo en recuperarse, lo mismo que el más de un millón de empleos perdidos.

En este escenario, la propuesta de un estatuto especial para la inversión que rija durante los próximos dos o tres años hace mucho sentido. Corresponde también que, a diferencia del antiguo DL600, este estatuto sea válido tanto para capitales nacionales, como extranjeros, toda vez que el propósito es impulsar la inversión y el empleo, independiente del origen de los recursos. Algunas dimensiones que debería abarcar una iniciativa como esta incluyen invariabilidad tributaria, de requerimientos medioambientales y de las reglas de negociación colectiva, lo que debería extenderse al menos por el período que dure la inversión o depender, por ejemplo, del tamaño de la inversión y de la cantidad de nuevos empleos que se generen.

Siendo esta una muy buena idea, su materialización requiere un proyecto de ley que debe ser aprobado en el Congreso donde el gobierno tiene minoría. Esto podría hacer compleja su aprobación, si la oposición no pondera adecuadamente el valor de tener una recuperación robusta de la inversión y del empleo, y de tener una economía dinámica, mientras se desarrolla el debate constitucional. Por otra parte, es cierto que esta ley podría ser cambiada por otra en el futuro o derogada, así como también que ésta no permita eliminar del todo la desconfianza, pero peor sería quedarse de brazos cruzados sin hacer nada para enfrentar el incierto escenario que se avecina.

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