Regulación y redes sociales

El debate que surgió los últimos días sobre la necesidad o no de regular las redes sociales, se ha abocado principalmente a la cuestión de la propaganda política, a raíz del contexto plebiscitario y electoral del país.

Debemos pensar hasta qué punto la propaganda política es realmente el problema en cuestión. Existen numerosos estudios que indican que la exposición a determinados contenidos puede influir en las formas de pensar sobre determinados temas. En ese sentido, una pregunta relevante es cómo los sistemas algorítmicos detrás de las redes determinan cuáles son los contenidos que llegan a un usuario y cuáles no. Aunque estas tecnologías tienen el potencial de exponer a las personas a puntos de vista plurales y diversos, también se produce lo que se denomina personalización de contenidos.

A partir de la extracción de datos del comportamiento de usuarios, como hábitos de navegación, tiempos de atención sobre determinados contenidos, claves de búsqueda, marcas como "me gusta", entre otros elementos, los algoritmos establecen predicciones sobre el tipo de información que al usuario le gustaría ver, o que coincide con sus puntos de vista. Esto produce lo que se ha llamado una "burbuja de filtro", que tiende a disminuir la pluralidad de contenidos visibles y aumentar aquellos que refuerzan nuestras creencias.

En ese sentido, un debate importante que debe darse en términos regulatorios es sobre la transparencia y responsabilidad algorítmica.

La idea de que la libertad de expresión no debe tener ninguna regulación, es un mito. Lo que preocupa es que las iniciativas regulatorias se transformen en una persecución a aquellos contenidos críticos de la institucionalidad establecida, cualquiera sea el gobierno de turno. No debe tratarse de restringir derechos, sino por el contrario, garantizar que toda persona independiente de su clase, raza, etnia, género, orientación sexual e ideológica, acceda a espacios respetuosos de derechos humanos, como lo son el derecho a la comunicación, información y libertad de expresión.

La propaganda política es solo uno de los numerosos elementos que pueden tener incidencia en los procesos electorales y constituyentes. Ante los antecedentes y polémicas desatadas en varios países sobre la influencia de las redes sociales en los procesos electorales, Facebook, por ejemplo, está desarrollando iniciativas en coordinación con las autoridades locales para disminuir la circulación de desinformación y aumentar la transparencia sobre el financiamiento y alcance de la propaganda política en la red. Si bien actualmente es un proceso voluntario, en el corto plazo, quienes contraten publicidad política deberán registrar su identidad, certificar una cuenta de anuncios estableciendo que se trata de un ente político-partidario y, en función de eso, se los autorizará para publicar sus anuncios, en coordinación con las autoridades electorales. Dichos anuncios vendrán con un descargo de responsabilidad, indicando que se trata de un anuncio político pagado, el monto de financiamiento y alcance de audiencias. Por otro lado, se está desarrollando un sistema de chequeo de noticias para detectar y reportar desinformación, en relación a los contenidos que se distribuyen de forma orgánica (no pagos), con apoyo de organismos internacionales especializados. Sin embargo, la publicidad política así como los contenidos orgánicos que estén registrados como de oficiales públicos (diputados, senadores, etc.) no se someterán a chequeo.

En suma, es necesario regular, no para restringir la libertad de expresión, sino por el contrario, para que gobiernos y grandes corporaciones digitales creen condiciones equitativas de acceso y distribución de información de calidad, fundamental para toda sociedad democrática.