Rendir cuentas

En una semana, el Mandatario tendrá que comparecer frente al Congreso pleno para hacerse cargo de rendir cuentas frente al Legislativo y al país sobre la marcha de su gestión. Sin duda, en el marco de regímenes presidenciales, la rendición de cuentas entre instituciones es un imperativo democrático y corresponde valorarlo como tal. En momentos donde las instituciones mismas de la política están mal evaluadas y enfrentan bajos niveles de confianza, es una buena práctica enfrentar este tipo de debates con visión de Estado y con perspectiva de que lo que aquí se juega es el futuro del país. En tal sentido, es preciso que la autoridad considere el contexto y el tenor del discurso como una oportunidad para reestablecer el eje de la confianza en nuestras instituciones y sus autoridades.

Esta será la primera oportunidad que tendrá de hacer un balance del cumplimiento de sus principales promesas de campaña (la anterior fue más bien para establecer la hoja de ruta) y la última en ausencia de un ciclo electoral que se inaugurará en 2020, con la elección municipal y de gobernadores regionales y que se extenderá hasta la siguiente elección parlamentaria y presidencial. Se trata, en consecuencia, de uno de los hitos relevantes que enfrentará una administración, que no ha estado exenta de críticas y que enfrenta el dilema de elegir la manera en que quiere viabilizar una potencial continuidad, reafirmando su identidad, ya sea hacia la derecha o al centro, cuestión que en cualquier caso tendrá costos políticos.

Respecto del contenido del balance, es preciso considerar tres cosas. La primera, que esta administración basó su promesa de campaña en la idea de cinco grandes acuerdos nacionales: por la infancia, para el desarrollo integral, salud, por seguridad pública y la Araucanía. En una simple mirada respecto del derrotero que han seguido estos acuerdos, solo ha sido posible avanzar en los temas de infancia, porque en el resto de las materias la actual administración tiene aún un largo camino por recorrer para lograr avances sustantivos. A ello se agrega que en otras materias, como pensiones o modernización laboral, cuyos avances han sido lentos, el Ejecutivo aún precisa amarrar acuerdos relevantes en un Parlamento que le es esquivo.

En la misma línea, la segunda cosa que es preciso considerar es el contexto. Esta administración partió criticando al gobierno de la Nueva Mayoría por la ambiciosa agenda de reformas estructurales que se impuso. Este gobierno partió más atrás, sin mayoría parlamentaria y con una agenda polémica en varios temas, lo que ha dificultado la negociación legislativa. Tal vez su única ventaja es que, ante la atomización de las oposiciones, se ha abierto un espacio para las mayorías circunstanciales, pero ello requiere de una habilidad particular para enfrentar los debates.

Tercero, y tal vez lo más importante en un contexto generalizado de desconfianza, es la coherencia del discurso y la práctica. Acá hay un tema grueso, porque se cae la estantería de la meritocracia cuando la percepción que existe es que quienes detentan el poder sacan ventaja de aquel que no lo tiene, la cuestión del abuso de privilegios es algo que debe combatirse con fuerza. Acá hay una cuestión clave y que es la sospecha que pesa sobre el mundo político en general, pero que es especialmente sensible para el sector donde el poder económico y político se concentra. Si el Ejecutivo quiere de verdad lograr dar un salto cualitativo y cuantitativo en la recuperación de la confianza, que podría impactar positivamente en la agenda política, debiera ser tajante en enfrentar no solo desde lo legislativo, sino que desde las prácticas, la cuestión del mérito no como una quimera, sino que desde el ejercicio del poder. Acá sí hay un acuerdo nacional que está pendiente y que debiera ser convocante.