Obtención de pruebas por drones



SEÑOR DIRECTOR

En relación a la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua que rechazó un recurso de nulidad del Ministerio Público en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Santa Cruz, por haberse obtenido pruebas a través del uso de un dron sin solicitar autorización judicial previa, surge una arista interesante en torno a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en investigaciones penales y la importancia que puedan tener como fuente de prueba en un proceso penal.

Pero ya sean drones, escuchas telefónicas o tecnologías de última generación, me extraña que en pleno siglo XXI no se respeten requisitos mínimos: es el Ministerio Publico el ente a cargo de la dirección de la investigación penal, para luego instruir a las policías (por supuesto no es una diligencia que estos últimos puedan realizar en forma autónoma); y que se debe obtener autorización judicial cuando la diligencia prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos del imputado o de un tercero, que se encuentran garantizados conforme lo establece el Código Procesal Penal, la Constitución y los tratados internacionales a los que Chile suscribe. La averiguación de la verdad en el proceso penal no puede ser obtenida a cualquier costo.

Grace Méndez Montes

Abogada, directora de Pensamiento Penal Chile

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